VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha condenado a un año de cárcel al letrado Víctor Javier M.A. por falsear un documento público con el fin de que una clienta pudiera cobrar una ayuda por subsidio de desempleo por ser mayor de 52 años y cuya solicitud no había presentado en plazo.
Tanto el abogado como la clienta, María Elena H.G, que compartieron banquillo el pasado mes de diciembre, estaban acusados de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con otro de tentativa de defraudación de prestaciones del sistema de la Seguridad Social y se exponían cada uno de ellos a una condena de un año de cárcel y una multa global de 9.800 euros, que es la pena que finalmente ha recaído en el letrado, frente al fallo absolutorio en el caso de ella “al no haber resultado acreditado que tuviera conocimiento de que el documento que se estaba aportando fuera ficticio”, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
“No procede rebajar la pena solicitada toda vez que el acusado no ha reconocido ni mostrado arrepentimiento por los hechos, amén de que las penas ya se encuentran próximas al mínimo legal”, justifica el juzgador en su fallo.
El fiscal del caso sostenía que los acusados se concertaron para conseguir que la mujer pudiera seguir percibiendo el citado subsidio por desempleo para mayores de 52 años–lo venía cobrando desde 2019–, a pesar de que en 2021 no había cumplimentado el requisito de aportar copia del IRPF, ante lo que cual el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) procedió a la suspensión del mismo.
En esta situación, siempre según la tesis de la acusación pública, la ahora absuelta, en connivencia con su letrado, encargado de tramitar telemáticamente las solicitudes y aportar la documentación necesaria ante la administración, presentaron un recurso en noviembre de 2022 contra la mencionada denegación aportando un documento previamente manipulado para generar error a la administración, denominado “Justificación de presentación de registro electrónico”, con el cual pretendían acreditar que la declaración el IRPF había sido aportada.
Sin embargo, en el caso de la acusada, el letrado Juan Ramón Sanz, quien se hizo cargo de su defensa en el juicio, pidió su libre absolución, como así ha ocurrido finalmente, y depositó toda la responsabilidad en el abogado Víctor Javier M.A, a cuyo despacho acudió la mujer como en otras ocasiones para que le gestionase la renovación del subsidio, trámite que el profesional se olvidó de tramitar.
Y es que la mujer alegó en la vista que al ver que pasaba el tiempo y no le ingresaban la prestación acudió nuevamente al despacho del otro denunciado y éste le aseguró que había presentado el documento en tiempo y forma, cosa que al parecer no era cierto. Así, confiada en su representante legal, quien apuntó que se trataba de un error del SEPE, siguió las instrucciones que le dio para que presentase distintos documentos y reclamaciones.
“Lógicamente, si nuestra representada hubiera intuido o deducido que el error podría haber sido del otro denunciado, quien se olvidó de presentar la solicitud de renovación del subsidio, no hubiera actuado de la forma que actuó y hubiera reclamado a su gestor los daños y perjuicios que le originó con su negligente actuación. Pues no podemos olvidar que ella no ha percibido la cantidad de 3.701 euros, cantidad a la que tenía derecho legalmente”, advirtió la defensa de la denunciada que ve ahora exonerada su culpa por el Juzgado de lo Penal 4.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
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