VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Turismo Rural de la provincia de Burgos (Turalbur) ha manifestado su oposición al nuevo sistema de Registro de Viajeros por considerarlo “excesivamente fiscalizador, principalmente para la clientela que casi son tratados como delincuentes”, por lo que han reclamado a la Junta de Castilla y León que “haga lo mismo” que la Xunta de Galicia, que “ya solicitó la paralización del Decreto”.
Este nuevo sistema se puso en funcionamiento el pasado 2 de enero en los establecimientos de Turismo Rural de la provincia, además de agencias de viajes, hoteles, empresas de alquiler de vehículos a motor, y establece que se deben recoger entre nueve y 31 datos de cada uno de los clientes –hasta 16 plazas en Casas de Turismo Rural y hasta 50 en el caso de hoteles rurales–.
Según han explicado fuentes de esta asociación alguno de esos datos ya se remiten a la Guardia Civil, como el nombre y apellidos, sexo, DNI, y nacionalidad). Sin embargo, apuntan que los nuevos requisitos incluyen la obligación de registrar datos como “el lugar de residencia; teléfono fijo y móvil, correo electrónico, relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), datos de la transacción económica, datos del contrato, datos del inmueble a alquilar, sobre el pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…); identificación del medio de pago y de la tarjeta, el IBAN de la cuenta bancaria; titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta, fecha del pago”.
Además, han criticado que esta recolección de datos debe de realizarse tanto al realizar la reserva o la formalización del contrato o, en su caso, su anulación; y al inicio de los servicios contratados.
La documentación, según añade Turalbur, deberá conservarse durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del servicio o prestación contratada, y recuerdan que las sanciones por incumplimiento de la norma pueden alcanzar los 30.000 euros, cifra que parece absolutamente desproporcionada.
El Ministerio del Interior ha habilitado una plataforma online para facilitar el registro, que está operativa desde el día 2 de enero, aunque se ha establecido un periodo de adaptación al nuevo sistema hasta el 2 de junio.
Sin embargo, han añadido que no se ha tenido en cuenta lo que pueda ocurrir en las zonas sin Internet o con deficiencias en su cobertura.
A juicio de Turalbur, “esta recogida de información supone cargas administrativas innecesarias y accesorias” que consideran “inadmisibles”.
Los propietarios recuerdan que la medida “vuelve a incidir en penalizar la actividad legalizada, mientras los miles de alojamientos turísticos no dados de alta, seguirán campando a sus anchas, sin enviar ningún tipo de dato, y sin declarar un sólo euro de lo recaudado”.
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