VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
La totalidad de los operadores judiciales se sumará a la convocatoria de una concentración el próximo día 2 de diciembre para reclamar la ejecución del Campus de la Justicia, proyecto largamente acariciado en la capital para el que los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida de 200.000 euros para 2023.
El anuncio lo ha realizado este viernes el presidente de la Audiencia de Valladolid, Francisco Javier Carranza, quien ha calificado la reivindicación como una “Cuestión de Ciudad” y ha exigido a la ministra, Pilar Llop, que actúe de forma decidida para desatascar la materialización de una infraestructura que considera “vital”.
Aunque aún no se ha determinado si la concentración y la lectura del correspondiente comunicado se desarrollarán ante las puertas del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Valladolid, o el propio Colegio El Salvador, centro elegido para albergar el Campus de la Justicia, Carranza sí ha destacado que a la misma se sumarán los distintos operadores judiciales, entre jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, el Instituto de Medicina Legal, secretarios de la Administración de Justicia y funcionarios.
El presidente de la Audiencia de Valladolid, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que esta infraestructura ha sido reclamada de forma unánime por la corporación municipal vallisoletana y ha valorado también el esfuerzo y compromiso con la Administración de Justicia demostrado por el Ayuntamiento, en referencia a que puso a disposición del Ministerio del ramo parcelas por valor de diez millones de euros, la del propio Colegio de El Salvador, valorada en siete millones, y la de la Seguridad Social, valorada en unos tres millones.
“Ahora es el Ministerio de Justicia al que corresponde recogerlas y ejecutar el Campus o la Plaza de la Justicia, como yo la llamo, conforme se había comprometido”, ha reclamado Carranza, quien ha insistido en la necesidad de contar con una infraestructura de este tipo, no solo para los profesionales del sector, sino también para evitar el “peregrinaje” actual de los ciudadanos de Valladolid por siete u ocho sedes judiciales distintas.
En su encuentro con los medios de comunicación para resolver algunas dudas respecto de la polémica ‘Ley del sí es sí’, Carranza también ha aprovechado para lamentar el olvido de Valladolid respecto de la asignación de nuevas dotaciones en la materia.
“Este año no ha tocado nada a Valladolid, a ver si en la Lotería de Navidad…”, ha indicado en clave de humor Carranza, quien recuerda que la capital sigue demandando, entre otros, un nuevo juzgado de familia o de primera instancia, un séptimo juzgado de instrucción y algún juzgado de lo social más, aunque ha precisado que cualquiera de estos órganos no llegará ya hasta 2024 en el mejor de los casos.
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