CyL mantendrá su postura de no declarar zonas tensionadas de la Ley de Vivienda y apostará por avanzar en sus programa de vivienda
VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lamentado los “importantes desencuentros” entre las comunidades y el Gobierno central en materia de vivienda, como ha sido el caso con la declaración de zonas de alquiler tensionadas, y ha augurado un 2025 “muy activo” con el impulso de inversiones en la Comunidad para mejorar el abastecimiento de agua, expandir la red de calor y la ampliación y creación de nuevos polígonos industriales.
Así, la Administración autonómica mantendrá su postura de no declarar zonas tensionadas de la Ley de Vivienda ya que “no existe ningún motivo para hacerlo” y constituye una medida “errónea” que “no ha dado resultado nunca donde se ha aplicado”.
La eficacia de esta ley es “contraria” a lo que intenta corregir, puesto que “todo lo que sea meter miedo a los propietarios de las viviendas que tienen alquiler lo que hace es retraer el mercado ante el temor a limitaciones de rentas”, ha remarcado el titular de Vivienda en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha defendido la necesidad de impulsar medidas que promuevan la “confienza y seguridad política” a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler.
A este respecto, Suárez-Quiñones se ha referido a los “importantes desencuentros” que ha habido con el Gobierno central en esta materia durante el pasado año ya que ha actuado de forma “unilateral” a pesar de ser una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Esta postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido como resultado la puesta en marcha del bono joven de ayuda al alquiler, una medida que “competía” con las ayudas que dan las comunidades autónomas. “Se puso en marcha esta ayuda sin dinero suficiente y dejó a tres de cada cuatro jóvenes fuera”, ha señalado el consejero, quien ha enfatizado en que esta duplicación “no tiene ningún sentido”.
La ayuda al alquiler es uno de los ejemplos que Suárez-Quiñones ha puesto sobre la mesa para ejemplificar las consecuencias de la “unilateralidad” que rige la acción del Gobierno, que “no tiene en cuenta a las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones”.
Una circunstancia que también ha quedado patente con la reciente Ley por el Derecho a la Vivienda, una norma “absolutamente unilateral” que ha sido declarada inconstitucional en algunos artículos, “como ya avisó la Junta, y que contiene figuras totalmente criticables e inaplicables, como lo que respecta a las zonas tensionadas para controlar los precios del alquiler”.
Se trata de una medida “errónea” que “no ha dado resultado nunca donde se ha aplicado”, ha sostenido el consejero de Vivienda, al tiempo que ha remarcado que la eficacia de esta ley es “contraria” a lo que intenta corregir, puesto que “todo lo que sea meter miedo a los propietarios de las viviendas que tienen alquiler lo que hace es retraer el mercado ante el temor a limitaciones de rentas”.
“Por tanto, no funciona, como se ha visto en Cataluña, que ha declarado zonas tensionadas”, ha analizado el titular de Vivienda, quien ha recordado que en “todo caso no es una medida obligatoria, en la medida en que se pueden sumar las comunidades autónomas que la estiman oportuna”.
“SENSATEZ Y EQUILIBRO”
En este marco, el consejero de Vivienda de la Junta ha pedido al Gobierno que sea “sensato, justo y equilibrado” en relación con la aplicación de este tipo de medidas, motivo por el que ha apuntado a la actitud “criticable” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al afear a las comunidades que no habían aplicado esta norma.
En opinión de Suárez-Quiñones, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez “no debe actuar como una apisonadora y pasar por encima de las comunidades porque las competencias en esta materia son de las mismas”, razón por la que ha defendido que Castilla y León “no va a gobernar por la vía de la imposición y de la confiscación sino por la del apoyo, ayuda y fomento de la seguridad jurídica en el mercado del alquiler”.
También ha hecho referencia, en términos similares, a la regulación de la recuperación de la posesión en caso de ocupaciones ilegales, lo cual ha “retrasado” la recuperación de la vivienda por parte de los propietarios. “Esto es una cosa sorprendente porque ha introducido un elemento más para que la ciudadanía no tenga confianza en el mercado inmobiliario. Nosotros estamos totalmente en contra de eso”, ha explicado.
En consecuencia, ha solicitado la derogación de esta Ley del Derecho a la Vivienda y la negociación con las comunidades autónomas para una norma “coordinada”.
“FALTA DE COOPERACIÓN”
De la misma forma, Suárez-Quiñones desea que durante el próximo año exista una mejor relación con el Gobierno de la nación, ya que los representantes de la Junta acuden a las conferencias sectoriales con la ministra, que es de trato “muy afable y agradable”, en las que dice “siempre lo mismo”.
En dichos encuentros, ha detallado el consejero, la ministra de Vivienda explica a las comunidades que hay que “caminar juntos por la medida de la cooperación y la colaboración”. “Estamos de acuerdo con ese discurso”, ha resaltado, pero el problema es que luego los hechos “son lo contrario a lo que dice”, ya que “no hay ningún tipo de cooperación ni se sienta a hablar con los Gobiernos regionales”.
No obstante, y a pesar de esta situación, el consejero de Vivienda de Castilla y León ha puesto sobre la mesa el “gran consenso” que existe en la Comunidad entre la Junta y otras administraciones locales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Ejemplo de ello es el que ha puesto en materia de abastecimiento de agua con “importantísimas” actuaciones e inversiones de más de 450 millones que hay en marcha en las que colaboran la Junta, diputaciones provinciales y ayuntamientos.
UN 2025 “MUY ACTIVO”
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León también ha expresado su intención de avanzar durante el próximo año en materia del ciclo del agua y el abastecimiento a la población a través de inversiones que suponen obra pública que genera empleo en el medio rural y constituyen una apuesta por mejorar la calidad de los pueblos para que la gente se quede allí o retorne.
La Junta apostará también por avanzar en los programas de vivienda para ofrecer viviendas en zonas rurales donde hay industrias pero faltan residencias, ha explicado Suárez-Quiñones, de modo que la postura del Ejecutivo regional va a ser “muy activa” en este ámbito durante 2025.
En relación con esta cuestión se ha referido al “relevante” programa de ampliación y creación de nuevos polígonos industriales en Castilla y León asociados a las energías renovables, que cuenta con 200 millones de euros para generar más de 15 millones de metros cuadrados de suelo industrial “moderno, equipado y asequible”.
Se trata de inversiones que se estarán repartidas por las nuevas provincias y que darán lugar al financiamiento de nuevas empresas de actividad económica y de impulso del empleo.
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