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Suárez-Quiñones asegura que la Junta no determina el volumen urbanístico de la urbanización de La Pedraja de Portillo

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SALAMANCA, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avertido en Salamanca de que la Junta de Castilla y León no determina el volumen urbanístico de la urbanización en el municipio vallisoletano de La Pedraja de Portillo, en réplica a la denuncia realizada esta semana por la organización Ecologistas en Acción.

“Hay bastante confusión al respecto, la nota que se emitió desde una organización ecologista tenía un contenido que no aceptamos”, ha apuntado Suárez-Quiñones durante su visita al Centro Provincial de Mando de Salamanca.

“La Junta de Castilla y León lo que ha hecho es una evaluación estratégica ambiental de un plan parcial de un promotor presentado al Ayuntamiento después de recabar todos los informes, pero nosotros no determinamos cuántas viviendas y qué volumen va a haber, establecemos limitaciones en la edificabilidad, en la posible afectación a la inundabilidad de los territorios y la fauna, no determinamos ningún parámetro urbanístico”, ha precisado el consejero.

La polémica al respecto se ha producido esta semana cuando la organización Ecologistas en Acción denunció que el propio consejero, desoyendo informes en contra de los técnicos de su departamento, había informado favorablemente sobre la construcción de una urbanización en el municipio vallisoletano de La Pedraja de Portillo, de unos 1.200 habitantes, que constará de 1.150 viviendas en 115 hectáreas.

En un comunicado, esta organización apuntaba que el Servicio Territorial de Medio Ambiente advirtió de “impactos severos o críticos difícilmente compatibles con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los valores naturales y ambientales que existen en el territorio” en caso de seguir adelante con la autorización de la construcción de la urbanización.

Ecologistas en Acción ha considerado que “esta macrourbanización es un residuo de la época de la burbuja inmobiliaria, que actualmente carece de justificación”, y que destruiría “50 hectáreas actualmente ocupadas por pastizales húmedos, salgüeros, juncales y pinar abierto, de gran valor ecológico, conllevando un consumo anual de agua de más de 400.000 metros cúbicos tomados del río Eresma, no contemplados en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, y generaría una carga de aguas residuales de 4.000 habitantes equivalentes, a depurar en una instalación municipal hoy inexistente”.

La nota enviada por la organización ecologista sostenía, además, que Junta de Castilla y León “se ha plegado a los intereses de la empresa promotora del Plan Parcial y principal propietaria del ámbito, Estudios y Proyectos Pradamap, S.L.U., cuyo único socio es la sociedad Inversiones Empresariales VAPAT, S.L., el holding inmobiliario y energético del leonés Rafael González-Vallinas, vinculado a la trama eólica de Castilla y León”.


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