LEÓN, 25 (EUROPA PRESS)
Los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Sariegos presentarán en sus respectivos plenos mociones para pedir al Gobierno de España que instale el futuro Centro de Ciberseguridad Nacional en León.
Las tres mociones que serán llevadas a los correspondientes órganos de Gobierno municipal por Unión del Pueblo Leonés (UPL) pretenden “aunar fuerzas” para lograr un objetivo que tal y como han indicado los leonesistas “sería bueno para todos”.
Tras la presentación y aprobación de dicha moción en el Ayuntamiento de León se unen ahora los municipios del alfoz para “alzar la voz y buscar un consenso” con el apoyo de todas las fuerzas políticas para lograr la creación de un gran hub de ciberseguridad en la capital leonesa.
El pasado día 14 de enero se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad que incluye en sus medidas la creación de un Centro o Departamento Nacional de Ciberseguridad, como único responsable de dirigir, impulsar y coordinar la ciberseguridad en España.
La moción, que señala el interés mostrado por el Ayuntamiento de Málaga como ciudad candidata a sede para dicho centro, pide tener en cuenta que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se encuentra en León.
El texto que se someterá a debate incluye el anuncio por parte del Gobierno de un plan de choque que contempla la creación de un Plan nacional de ciberseguridad dotado con 1.000 millones de euros, por el que se preveía construir un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado.
También, se apunta al anuncio en la misma fecha del propio presidente del Gobierno de la descentralización de los proyectos y organismos estatales que serían llevados a la “España Vaciada” para crear puestos de trabajo y fijación de empleo para “hacer territorio”.
“Por todo ello parece razonable que estando ubicado en León el Incibe se apueste por instalar el Centro Nacional de Ciberseguridad de España en la ciudad para aprovechar las sinergias y cumplir la promesa y el objetivo establecido en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades que pertenecen al sector público institucional”, insiste la moción.
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