VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
El Comisionado de la Transparencia en Castilla y León, Tomás Quintana, ha exigido que se lleve a cabo un cambio en la Ley de Transparencia para incluir multas coercitivas con el fin de garantizar su cumplimiento por parte de las administraciones pese al aumento en la colaboración registrado en 2022.
Quintana ha presentado este jueves la Memoria Anual del Comisionado de la Transparencia ante la Comisión correspondiente en las Corte, donde ha reiterado una vez más la necesidad de llevar a efecto una reforma legislativa que permita el empleo del medio de coacción “más adecuado” como medio de ejecución forzosa para exigir el cumplimiento de las resoluciones del Comisionado.
De este modo, ha citado las multas coercitivas como una de las soluciones y ha argumentado la necesidad de acometer esta reforma ante el número de resoluciones estimatorias incumplidas, ya que, de las 262 resoluciones emitidas en 2022 un total de 47 no ha sido objetivo de cumplimiento, ante lo que el Comisionado “no puede hacer otra cosa que publicar el incumplimiento en la página electrónica”.
“La transparencia en la actuación de los entes públicos es un pilar fundamental en que se han de asentar las sociedades democráticas, por lo que estoy convencido de que vamos a seguir avanzando hasta interiorizar completamente la idea de que actuación de los entes públicos se debe desarrollar con absoluta transparencia, si me permiten el símil, en edificios de cristal”, ha señalado.
En este sentido, Quintana ha manifestado que es necesario “que los ciudadanos dispongan de instrumentos normativos para hacer efectivo ese derecho, entre los que, sin duda, se hallan los órganos de garantía de la transparencia, sino que los entes públicos asuman plenamente que los ciudadanos son titulares del derecho a saber”.
En su intervención, el Comisionado de la Transparencia ha destacado que el Portal de Gobierno Abierto de la Junta ha mantenido un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación de transparencia, no obstante ha recomendado a la Junta la posibilidad de aplicar mejoras como la publicación de más información o el uso de un lenguaje “menos técnico”.
Quintana ha desvelado que entre las fundaciones públicas destacan por su grado de cumplimiento un año más las Fundaciones Siglo para el Turismo y las Artes; Hemoterapia y Hemodonación y Universidades y Enseñanzas Superiores y es también “destacable” las mejora introducidas en 2022 por la Fundación Santa Bárbara.
Finalmente, respecto a las universidades públicas, el Comisionado destaca los altos estándares de cumplimiento de la normativa de transparencia en cuanto a sus obligaciones de publicidad activa.
Otro apartado del informe presentado este jueves por Tomás Quintana se centra en la Administración local. Así, en el caso de las diputaciones provinciales concluye que se mantiene un alto nivel de cumplimiento en sus obligaciones de publicidad activa.
Los puntos más débiles en relación con este grado de cumplimiento son la “todavía generalizada” utilización de formatos no reutilizables para suministrar la información y el déficit de accesibilidad que presenta la información proporcionada en relación con las personas con discapacidad.
En cuanto a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes también presentan, en términos generales, un grado relativamente alto de cumplimiento de sus obligaciones de publicar información. No obstante, existe un margen de mejora notable en cuanto a la posibilidad de reutilización de la información publicada.
En relación con el resto de los ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes, el nivel de cumplimiento de la publicación de contenidos desciende a medida que se reduce su tamaño.
En este sentido, se mantiene el “frecuente incumplimiento” de publicar un contenido específicamente exigido a las entidades locales, como son las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.
Por otra parte, acerca del cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información “se confirma la evolución hacia un número cada vez mayor de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos”.
El porcentaje de las solicitudes de acceso fueron estimadas expresamente ha sido del 76 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a los de la memoria anterior.
En el caso de la Administración autonómica, este porcentaje de estimaciones expresas fue similar al general, concretamente de un 74 por ciento, mientras que en diputaciones provinciales y universidades fue aún más alto, al alcanzar un 85 por ciento y un 90 por ciento, respectivamente.
Con carácter general, tres de cada cuatro solicitudes de información presentadas y que fueron computadas como tales finalmente fueron objeto de estimación expresa por parte de la entidad requerida.
794 RERCLAMACIONES
En 2022 se han presentado ante la Comisión de Transparencia 794 reclamaciones. Esta cifra supone el mayor número de reclamaciones desde la creación de la Comisión y un incremento “notable” respecto a las recibidas en 2021.
En concreto, 112 de las reclamaciones recibidas fueron presentadas por representantes locales, 93 de ellas por concejales.
En cuanto frente a qué se presentan reclamaciones en más del más del 80 por ciento se presenta frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada. “Continúa preocupándonos la frecuencia con la que los ciudadanos obtienen como respuesta el silencio cuando acuden a solicitar información a administraciones y entidades públicas”, ha señalado Quintana.
Por materias, aquellas que han generado mayor número de solicitudes de información cuya denegación ha sido impugnada ante la Comisión, han sido las referidas a medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación, y urbanismo y vivienda.
Asimismo son las entidades locales las que acaparan el 73 por ciento de ellas, por lo que más de 7 de cada 10 reclamaciones se dirigieron frente a alguna entidad local; y dentro de estas destacan las recibidas frente a ayuntamientos, concretamente 515, de las cuales 260 de ellas fueron presentadas por una asociación que se había dirigido previamente a otros tantos ayuntamientos pidiendo información sobre un mismo asunto.
Muy por debajo de esos números, 42 reclamaciones tuvieron por objeto la actuación de entidades locales menores, y 22 estuvieron referidas a la actuación de diputaciones provinciales.
Por otra parte, 137 reclamaciones, el 17 por ciento de las recibidas, se interpusieron frente a la actuación de la Administración General de la Comunidad, porcentaje que es inferior en cuatro puntos respecto al del año anterior; en número de reclamaciones, destaca muy por encima del resto las 43 presentadas en relación con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, seguidas de las 28 y 22 reclamaciones que se recibieron, respectivamente, frente a las Consejerías de Educación y Presidencia.
En relación con el resto del sector público autonómico se recibieron 60 reclamaciones.
Por último, en cuanto a las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia, su número ha sido de 262, el mayor desde su creación.
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