El 38 por ciento de las resoluciones dictadas por el Comisionado de Transparencia fueron incumplidas
VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha reclamado una vez más que se acometan modificaciones en las leyes de Transparencia tanto nacional como autonómica con el fin de garantizar el cumplimiento “forzoso” de sus resoluciones, ya que en 2023 el 38 por ciento de las emitidas por la entidad a la que representa fueron incumplidas.
Así lo ha manifestado Quintana durante su intervención la Comisión Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes, donde ha presentado la Memoria Anual del Comisionado de la Transparencia correspondiente a 2023 de la que se extrae que más del 61 por ciento de las resoluciones estimatorias fueron cumplidas en 2023.
No obstante, el Comisionado de la Transparencia ha insistido que hasta junio de 2024 se habían incumplido el 38 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2023 en el ámbito autonómico y local. “Este hecho justifica la introducción de las modificaciones necesarias en las leyes de transparencia, estatal y autonómica, dirigidas a garantizar el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos”, ha defendido Quintana.
Para Tomás Quintana la transparencia es “fundamental” para que la actuación de los entes públicos se ajuste al ordenamiento jurídico, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir avanzando hacia la “absoluta interiorización” por parte de los entes públicos de la idea de que su actuación “se debe desarrollar con total transparencia”.
Según los datos de la Memoria en 2023 se han presentado ante la Comisión de Transparencia 517 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información y en lo que va de 2024 se han recibido 435 reclamaciones, lo que apunta a un nuevo incremento este año.
De ellas, el 75 por ciento se refieren a la ausencia de respuesta expresa o silencio frente a la petición de información realizada ante la administración por parte algún ciudadano, porcentaje que se eleva hasta el 88 por ciento en el caso de las reclamaciones presentadas por cargos locales ante la entidad en la que ejercen sus funciones de representación.
Por materias, aquellas que han suscitado mayor número de solicitudes de información han sido las referidas, a empleo público, medio ambiente, contratación, urbanismo y vivienda, y obras públicas. De las 517 reclamaciones, 64 fueron presentadas por cargos representativos locales, 50 de ellas por concejales y 14 por vocales de juntas vecinales.
Quintana ha señalado que en la Memoria de 2023 se destaca la utilización por parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías, ya que más del 60 por ciento de las reclamaciones presentadas ante la Comisión de Transparencia lo han sido a través de la sede electrónica y casi un 11 por ciento han sido remitidas por correo electrónico.
LAS RESOLUCIONES
En cuanto al número de resoluciones formuladas por la Comisión en 2023, ha sido de 497, lo que supone “el mayor número de resoluciones adoptadas en un año por la Comisión de Transparencia”. En total, desde el inicio del funcionamiento de la Comisión en 2016 ya se han dictado casi 2.000 resoluciones, en concreto 1.932, de las cuales más de 1.070 han sido estimatorias, mientras en otras 460 declaramos la desaparición del objeto por haber sido obtenida la información en el curso de nuestras actuaciones.
De las 497 resoluciones adoptadas el pasado año, 322 han sido estimatorias y 126 han supuesto la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información durante la tramitación del procedimiento. En cuanto al resto de resoluciones emitidas en el año, 28 fueron de inadmisión, 11 tuvieron un sentido desestimatorio y 10 declararon el archivo de la reclamación por otras causas.
Tomás Quintana ha defendido ante la Comisión de las Cortes que, en términos generales, respecto a la publicación de la información las administraciones y entidades de mayor tamaño son las que presentan un nivel más elevado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
No obstante, el Comisionado ha considerado esencial en mejorar aspectos como la “claridad de la información” a través de la mayor utilización de información gráfica, su “actualización” mediante sistemas automáticos, el uso de formatos reutilizables y el acceso para personas con discapacidad. Además, Quintana ha reseñado que en algunos casos se advierte un exceso de información publicada de forma “confusa”, lo que “suele contribuir a la opacidad”.
“ESCASEZ DE MEDIOS” EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
Quintana ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones en transparencia por administraciones. Así, en cuanto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León se constata un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación.
Sin embargo, el Comisionado ha apuntado a la necesidad de “mejoras” en aspectos como la actualización de la información, “claridad”, mejor “localización y el acceso a la información relacionada con los altos cargos de la administración, así como la relativa a los convenios de colaboración”, incrementar “los contenidos publicados” y la incorporación de un “espacio específico” para que puedan publicar su información las denominadas entidades del tercer sector social.
Por otra parte, en lo referente a las entidades locales el Comisionado para la Transparencia ha defendido la existencia de dos realidades “muy diferentes”, por una parte las entidades locales mayores como las Diputaciones y municipios más grantes y otra los ayuntamientos más pequeños.
En lo que se refiere a las diputaciones provinciales, los municipios capitales de provincia y el resto con mayor número de habitantes “cumple” con carácter general con la normativa, algo que no ocurre en los municipios de menos de 5.000 habitantes por sus limitaciones a la hora de publicar la información debido, según Quintana, “a la escasez de medios”.
“En muchos de los municipios de menos de 5.000 habitantes la observancia de las obligaciones en materia de publicidad activa es mínima, lo que entendemos que se explica por la ausencia de recursos disponibles por estos pequeños municipios para hacer frente al cumplimiento de estas obligaciones”, ha concluido Quintana.
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