VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge en su edición de este martes, 4 de junio, la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2025.
Según consta en la Orden consultada por Europa Press, el objetivo global del presupuesto para 2025 se centrará en seguir impulsando “un crecimiento sostenido y sostenible, innovador y transformador” de la economía de Castilla y León para garantizar un “tejido productivo moderno y competitivo” en una economía global y conectada “utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías y la transición energética y fomentando al máximo la iniciativa a través del emprendimiento”.
En el ámbito de los servicios públicos, las cuentas de 2025 buscan continuar con la consolidación de la calidad, la igualdad y la solidaridad en todo el territorio, “dotando a la sanidad pública de los medios necesarios que garanticen un sistema sanitario accesible, con equipamiento humano y tecnológico adecuado; consiguiendo una educación que siga siendo de excelencia, equitativa, moderna y orientada al empleo y la generación, retención, captación y fidelización del talento y apostando por unos servicios sociales de referencia accesibles para todas las personas”.
Economía y Hacienda aclara asimismo que en este caso debe tenerse en consideración que durante los ejercicios 2020 a 2023 estuvieron suspendidas las reglas fiscales en España para amortiguar los efectos de la pandemia y, posteriormente, los de la guerra de Ucrania, y que a partir de finales de 2023 fue retirada la cláusula general de salvaguardia “y, en consecuencia, las reglas fiscales aplicables a las administraciones públicas españolas se han reactivado en 2024”.
Desde el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo recuerdan que el Parlamento Europeo aprobó en abril la revisión de las reglas fiscales “para hacerlas más claras y flexibles, impulsar la inversión y adaptarlas mejor a la situación de cada estado miembro”.
En este sentido, España deberá remitir en septiembre su Plan Nacional de medio plazo con los objetivos de gasto, reformas e inversiones para los próximos cuatro años con una senda de reducción del déficit y deuda “que marcará los objetivos para ese periodo a cumplir por todas las administraciones públicas”.
La Orden fija, conforme a la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad y fija los criterios de presupuestación, su ámbito institucional, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración.
Asimismo, relaciona la documentación requerida y sus plazos de cumplimentación.
La norma está estructurada en cuatro capítulos y el primero fija las normas generales para la elaboración de los presupuestos que adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establezca para la comunidad autónoma “ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de Castilla y León”. Asimismo, establece el ámbito institucional de aplicación de los presupuestos generales.
El segundo capítulo determina la estructura de los estados de ingresos y gastos de las entidades con presupuesto limitativo y la estructura de los presupuestos de explotación y capital.
El capítulo tres establece el proceso para la elaboración y tramitación del anteproyecto, fija las comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos, así como la tramitación del anteproyecto de presupuestos.
Por último, el capítulo cuatro especifica la remisión de documentación y plazos, el articulado del texto, así como la documentación relativa a los presupuestos limitativos, ingresos, programación del gasto, gastos de personal, otros capítulos de gasto así como un informe de impacto de género, información adicional sobre actuaciones específicas e información sobre los presupuestos de explotación y capital.
Finalmente, la Orden cuenta con una disposición adicional para la información sobre el sistema de seguimiento de objetivos. Todas estas medidas establecidas en los cuatro capítulos se desarrollan a través de 22 artículos.
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