Acusa al actual consejero de carecer de estrategia y limitarse a “pedir cuentas al Estado” y escudarse en la falta de profesionales
VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista en las Cortes ha planteado al Gobierno de Mañueco y García-Gallardo la urgente necesidad de poner en marcha un plan para fortalecer los recursos humanos en materia de sanidad, con una cuantía como mínimo de 14 millones de euros, con el fin de garantizar un sistema público y de calidad.
Al igual de lo que ya hiciera el líder socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, sin obtener respuesta hasta el momento, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Jesús Puente, ha vuelto a trasladar el ofrecimiento a la Junta tras denunciar públicamente que la política de recursos humanos del actual consejero, Alejandro Vázquez, “está debilitando la sanidad pública” al carecer de una estrategia y “limitarse a pedir cuentas al Estado y escudarse en la falta de profesionales”.
Durante su comparecencia en las Cortes, el portavoz socialista sanitario, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que el sistema público “está en riesgo” en Castilla y León ante un consejero que “no ofrece medidas y se muestra incapaz”.
En este sentido, ha puesto como ejemplos de la actual situación plantillas envejecidas que, en palabras del propio consejero, sólo alcanzarán el equilibrio en el colectivo de médicos a partir de 20125, contratos en precario por días, alta interinidad acumulada, plazas de difícil cobertura, incapacidad para fidelizar a nuestros especialistas…e incluso con la pérdida de graduados sanitarios que se llevan representantes de otras comunidades autónomas de nuestras universidades a coste cero.
“Se necesitan más recursos para revertir el desánimo de nuestros profesionales, que se encuentran exhaustos”, insiste Puente, quien recuerda que en materia de sanidad llevamos cuatro años en los que el último incremento presupuestario se logró gracias a los fondos extraordinarios aportados por el Gobierno central para la lucha contra la pandemia.
“Por eso, la atención sanitaria rural está en riesgo, la atención en centros de salud urbanos está sobresaturada, la estrategia de choque contra las listas de espera caducará en diciembre sin resultados significativos y la estrategia para la cobertura de plazas asistenciales de difícil cobertura no tiene éxito”, ha resumido el socialista, quien también ha lamentado que en campaña el presidente de la Junta anunciara una ley para blindar los consultorios médicos y “hoy el propio consejero ha dicho que no es capaz de asegurar el cumplimiento del actual marco regulador de la asistencia mínima a los consultorios, en vigor desde 1992”.
Por ello, Jesús Puente ha insistido en la necesidad de aprobar un plan de medidas de captación, fidelización e incentivación de los profesionales sanitarios “a todos los niveles, con una dotación mínima de 14 millones de euros”.
“PROFECÍA AUTOCUMPLIDA”
En cuanto a la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) de suspender, de forma cautelar, el procedimiento de adjudicación a Ambuibérica del contrato del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, el socialista ha apuntado que se trata de una “profecía autocumplida”.
Al respecto, Puente ha recordado que lo ahora ocurrido ya se venía venir cuando el nuevo consejero comenzó a negociar con esta empresa para que se hiciera cargo del servicio.
De hecho, el portavoz socialista en sanidad ha apuntado que su grupo venía denunciando “por activa y pasiva” las condiciones laborales del personal no Sacyl de la empresa y la situación en la que se encuentran las ambulancias y sus servicios técnicos, “que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y los pacientes”, de ahí que en su día el PSCyL pidió en las Cortes una auditoría para conocer la situación “y se ha hecho caso omiso”.
Aunque Puente reconoce que dicha paralización no supone el cierre del servicio, sí advierte de que los trabajadores de Ambuibérica les han trasladado su preocupación ante la posibilidad de que la actual situación ponga en peligro sus sueldos.
Ante ello, el portavoz socialista ha vuelto a recordar la postura de su grupo al respecto: “El servicio de emergencias sanitarias terrestres en Castilla y León debe ser público”.
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