VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid ha acordado devolver nuevamente al Juzgado de Instrucción número 2, y ya es la segunda vez, la causa del denominado caso de ‘La Perla Negra’ el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la misma, tanto en soporte papel como en soporte digital, para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.
En virtud del presente auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, se acuerda extender “diligencia de constancia por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de manera individualizada para cada una de las defensas haciendo constar que se ha llevado a cabo esa entrega íntegra y, posteriormente, se conceda nuevo plazo a lasdefensas para presentar los correspondientes escritos de defensa, plazo que el juez instructor valorará si debe ser proporcional al concedido a las acusaciones”.
La decisión de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, órgano sentenciador de la presente causa, supone un nuevo retroceso en este procedimiento que podría ver demorada la celebración del correspondiente juicio hasta el segundo semestre de 2023.
La Audiencia de Valladolid, que por ello ‘devuelve a toriles’ el caso, ya acordó suspender la celebración del juicio el pasado día 14 de marzo al decretar la nulidad de actuaciones solicitada por las partes, ya que éstas sostenían que no habían tenido acceso a la totalidad de la causa, y al día siguiente dictó un auto en el que reclamaba al juez instructor cumplimentar los vacíos o lagunas en la entrega de la documentación, entre ellas un CD.
“Puede comprobarse que no se ha llevado a efecto lo acordado por esta Sala en el punto segundo, inciso final, en el Auto de 15 de marzo de 2022, ya que no existe constancia de que se haya dadotraslado completo de las actuaciones a las defensas”, recoge el auto que obliga a devolver lo actuado a Instrucción 2 para que subsane el problema.
El juicio de ‘La Perla’ que fue ya suspendido por esta causa estaba previsto que se prolongara durante 23 días, entre el 13 de marzo y el 29 de abril pasados, proceso en el que estaban citados, entre testigos y peritos, hasta un total de 90. Entre los primeros figuraban el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera–su declaración se había fijado para el día 30 de marzo– y la exconsejera de Economía y Hacienda y hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo
La causa de ‘La Perla Negra’ guarda relación con la compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid) y también con la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.
PARA BENEFICIAR A ALGUNAS MERCANTILES
Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.
Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques–sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros–sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
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