SALAMANCA, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado este lunes en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca a cuidar “día a día” la Constitución frente a “quien quiera socavarla, retorcerla o incluso sepultarla”.
“Nuestra Constitución es muy valiosa y lo tiene que seguir siendo y debemos cuidarla día a día, porque la Constitución no está garantizada a perpetuidad; siempre habrá quien quiera socavarla retorcerla e incluso sepultarla”, ha dicho.
“Es más, puede que además lo haga quien está dentro del sistema constitucional y siempre puede que se haga, o cuando se quiera hacer esto, por un interés particular y no por un interés general”, ha continuado en un discurso en el que ha alertado de “peligros ciertos en los pactos políticos que se han firmado para formar gobierno, pactos firmados que ya se están ejecutando y que pasan de las palabras a los hechos”.
Así lo ha señalado durante su participación en unas jornadas conmemorativas del 45 aniversario de la Carta Magna de 1978 y del 40 cumpleaños del Estatuto de Autonomía, en una intervención en la que ha recordado que el Gobierno autonómico acudirá al Tribunal Constitucional y al resto de instancias para “defender los intereses de Castilla y León”.
Concretamente, el presidente de la Junta ha inaugurado en Salamanca las jornadas ’45º Aniversario de la Constitución Española de 1978 y 40º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León’, organizadas por el Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca, y en las que han estado, entre otras autoridades e invitados el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Durante su intervención en este foro, Fernández Mañueco ha señalado que estos pactos “vulneran” en primer lugar el artículo 2 de la Constitución Española, que reconoce la “indisoluble unidad de la nación española”.
En segundo término, ha explicado, infringen según sus palabras el artículo 14, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley.
Además, ha reseñado, “ataca” el principio de solidaridad reconocido en los artículos 138 y 156, que excluyen los “privilegios” económicos y sociales entre territorios.
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