Inicio Castilla y León Salamanca Los talleres de Salamanca piden “poner coto” a los establecimientos ilegales

Los talleres de Salamanca piden “poner coto” a los establecimientos ilegales

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SALAMANCA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT), Sergio Pérez, ha abogado por “poner coto a los talleres ilegales”, porque suponen “una competencia desleal” respecto al resto de los profesionales que hacen “bien las cosas”.

Así se lo ha trasladado el representante de AESAT al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, en una reunión que han mantenido este martes y en la que también ha participado la jefa de Servicio Territorial de Industria, Saturnina Moro, según la información posterior remitida por la asociación empresarial.

La renovación del “vetusto” parque automovilístico salmantino, el desarrollo de las infraestructuras de electrificación, la distribución de las ayudas del Plan Moves, la “prioridad” a la hora de realizar la ITV para los vehículos de concesionarios y talleres y el “grave perjuicio” que suponen los talleres ilegales han sido algunos de los temas expuestos por los empresarios a los representantes de la Junta de Castilla y León, ha indicado AESAT.

Pérez junto al resto de miembros de la asociación, integrada a CEOE Cepyme Salamanca, han solicitado un nuevo sistema de denuncia contra los negocios ilegales que “sea sencillo y que no implique la exposición pública del empresario denunciante, como sucede hasta ahora”. “No podemos olvidar que en una provincia pequeña como Salamanca nos conocemos todos los profesionales del sector”, ha indicado.

Esta reivindicación supone una de las principales líneas de trabajo de AESAT, ya que afecta “no solamente a cuestiones económicas como la falta de facturación o la evasión de todos los impuestos que paga el sector, sino también a un gran problema de seguridad para los propios clientes”.

Por todo ello, los empresarios del sector del automóvil de Salamanca han solicitado a la Administración autonómica que “escuche a los principales afectados de esta lacra y que, cuando lleguen las denuncias, actúen con celeridad”.


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