Los interesados, que podrán utilizar su historia para dar continuidad a sus tratamientos en otras clínicas o para realizar sus reclamaciones económicas y judiciales, deben remitir una solicitud al Servicio Territorial de Sanidad. Hasta el momento se han recibido más de 70 peticiones al respecto.
Tras dos semanas de arduo trabajo los funcionarios del Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid, han finalizado la tarea de ordenar e identificar uno a uno los más de 12.000 historiales clínicos depositados por orden del Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid en dicho organismo, tras la entrada y registro policial en las instalaciones de la clínica iDental de la calle Zanfona efectuada el pasado día 2 de julio.
A partir de hoy, los afectados por el cierre de iDental en Valladolid, serán los primeros en todo el territorio nacional en poder acceder a través de la Administración a una copia de su historia clínica, que podrán utilizar para dar continuidad a sus tratamientos en otras clínicas dentales o para efectuar las reclamaciones de índole económico y judicial que consideren oportunas.
Para ello deberán remitir una solicitud al Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid, identificándose como pacientes de iDental; el Servicio Territorial se pondrá en contacto con cada solicitante, dándole fecha y hora para proceder al trámite de la entrega. Hasta la fecha se han recibido más de 70 solicitudes al respecto.
La Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los afectados un formulario de solicitud en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León:
Enlace iDental
. Dada la especial protección de los datos contenidos en dichos historiales las copias sólo se entregarán al propio paciente o a un representante legal siempre, que este último acuda al Servicio Territorial de Sanidad con un poder notarial de representación.
Desde la Consejería de Sanidad se informa también que actualmente están en tramitación tres expedientes sancionadores incoados a iDental por proceder al cierre de sus centros en Valladolid, Salamanca y Segovia sin la preceptiva comunicación previa, los cuales se unen a los 13 expedientes sancionadores, por un importe superior a los 30.000 euros y a los dos cierres cautelares ya tramitados mientras dichos centros estaban operativos.
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