ÁVILA, 17 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos e integración a grupo criminal, tras liberar a cinco víctimas sometidas a la explotación laboral en dos fincas forestales de Ávila.
La investigación comenzó a principios del mes de octubre, fecha coincidente con la temporada de concesión de autorizaciones para limpieza, poda y corta de encinas, cuando la Guardia Civil intensificó sus servicios para comprobar la legalidad de aprovechamientos madereros, así como el control del personal empleado para trabajar en ese tipo de aprovechamientos, ha informado el instituto armado.
En uno de esos servicios, el 14 de noviembre, se realizó una inspección preventiva para comprobar la posible existencia de víctimas de explotación laboral en una finca perteneciente al término municipal de Ávila, donde se identificó a ocho personas que se encontraban limpiando, cortando y podando encinas sin contrato laboral y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, incluso sin autorización para trabajar en España.
De esas ocho personas, siete eran de nacionalidad peruana que no poseían contrato laboral y, una dominicana que sí estaba dada de alta en la Seguridad Social y por tanto poseía contrato laboral. Cinco de esos trabajadores se encontraban en situación irregular en el territorio nacional.
Ante la gravedad de los hechos y al no quedar clara la situación legal de los trabajadores, la Guardia Civil contactó con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila para ampliar la inspección efectuada en presencia de uno de sus técnicos. Al día siguiente, 15 de noviembre, en presencia de un subinspector de Empleo y Seguridad Social se amplió la inspección y se observó que estaban trabajando de nuevo tres personas identificadas el día anterior.
Las empresas encargadas de llevar a cabo esos trabajos nunca habían comunicado el alta del régimen de la Seguridad Social de sus empleados, todos carecían de contrato laboral y algunos de permiso legal para poder trabajar en España. Las empresas tampoco tenían planes de prevención de riesgos laborales y la mayoría del los trabajadores no se encontraban cualificados para realizar ese tipo de trabajo, ya que en su país de origen tenían otra profesión diferente.
A partir esos datos se inició la Operación Barronco para verificar si las tres empresas implicadas habrían abusado de su situación de superioridad, o habrían dado trabajo a esas personas utilizando para ello el engaño.
Después de tres meses de investigaciones, el 8 de febrero se detectaron más irregularidades, pero en esta ocasión en otra finca también perteneciente al término municipal de Ávila, donde, tras realizar otra inspección preventiva, se observó como otras siete personas, de las que seis ya fueron identificadas en inspección preventiva de la primera finca, estaban cortando y podando encinas.
Tras ser identificadas de nuevo, se personó en el lugar un técnico de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila y se constató que cuatro de esas siete personas no poseían contrato laboral, estaban trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y tres de esas cuatro permanecían en España en situación irregular.
La operación concluyó el 8 de marzo, cuando se puso a disposición judicial en calidad de investigadas a un tres personas, que son el dueño de dos de las empresas implicadas, el propietario de una tercera empresa subcontratada y que a su vez es el gestor de las tres empresas investigadas, y un tercero subcontratado como autónomo y responsable de los trabajadores identificados en febrero.
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