VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)
La UPA en Castilla y Leeón considera injustificable la negativa por parte de la Junta de ayudas a titulares de explotaciones regadas con aguas subterráneas.
El conflicto bélico en Ucrania, que ha supuesto graves perjuicios al sector agrario por el incremento de costes de producción, fue el motivo por el que las administraciones sacaron en su día, entre otras, una orden de ayudas para la concesión directa a los titulares de explotaciones agrícolas con cultivos de remolacha, patata y otros cultivos hortícolas de regadío.
A estas ayudas, que ascendían a 300 euros por hectárea, podían acceder los titulares de superficies de regadío con agua subterráneas que hubieran cultivado esos cultivos, con una superficie máxima subvencionable de 50 hectáreas. Pues bien, UPA Castilla y León denuncia que muchos agricultores de la región se encuentran con la denegación de dichas ayudas por parte de la Junta por una decisión “incongruente e irresponsable” de la propia Administración regional.
Y es que muchos agricultores de la región, teniendo sus regadíos en regla y cumpliendo con la normativa, se han visto obligados a declarar en su PAC las parcelas como secano, por no haber articulado la propia Junta de Castilla y León un instrumento ágil para adaptar la superficie de riego Sigpac a cada campaña.
Este problema, apuntan desde UPA, se podría haber solventado con un simple cotejo de datos de la propia Junta con la Confederación Hidrográfica del Duero, que dispone de las declaraciones anuales de las Comunidades de Usuarios de Agus Subterráneas (CUAS) para riego por parcelas.
Para UPA resulta “lamentable e incomprensible” que los agricultores hayan hecho un esfuerzo extraordinario en conformar las CUAS, siguiendo las instrucciones de las propias administraciones para lograr a través de ellas una mejora en la gestión del uso de aguas subterráneas, y, sin embargo, después, fruto de “la incompetente actuación” de la Junta, se penalice con denegaciones de ayudas a los agricultores que han cumplido con toda la legalidad vigente.
UPA considera inconcebible que esta “mala praxis” de la Junta obligue ahora a los agricultores injustamente perjudicados a acogerse a la vía legal y de recurso contencioso-administrativo, con todo lo que ello implica, “para ver resuelta una injusticia como es tener derecho a las ayudas para superficie regable, y que parcelas amparadas por un título concesional de la propia CHD se hayan quedado fuera de la citada subvención”.
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