El gasto certificado imputado a la COVID-19 representa más del 30% del aumento, más del 50% en política sanitaria, seguida por Educación
VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La pandemia generó en 2020 un aumento del gasto de 1.486 millones de euros en el sector público de Castilla y León, hasta los 12.222 millones, lo que supuso un aumento interanual del 14 por ciento, mientras que hasta 2019 sólo se habían incrementado un uno por ciento respecto a 2017.
Así lo ha señalado el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante la presentación este lunes en las Cortes el informe sobre el análisis económico y financiero del impacto de la COVID-19 en el sector público de la Comunidad.
En concreto, los gastos por operaciones corrientes aumentaron un 16 por ciento, pasando de 8.460 millones en 2019 a 9.846 en 2020, cuando hasta entonces habían disminuido un uno con relación a los existentes en 2017. Los gastos de personal, que habían aumentado un cuatro por ciento hasta 2019, se incrementan en 2020 en 717 millones, un 19 por ciento, alcanzando los 4.532 millones.
El mayor incremento relativo se produce en gastos corrientes en bienes y servicios, un 38 por ciento interanual en 2020, por importe de 552 millones, cuando hasta ese año habían disminuido un 20 por ciento con respecto a 2017.
Los gastos financieros mantuvieron una tendencia descendente, mientras que los de transferencias corrientes crecieron un cinco por ciento, con tendencia al alza en todo el periodo. En cuanto al volumen de obligaciones por operaciones financieras, que ascendió en 2020 a 1.193 millones, es similar al de 2019.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
En cuanto a ingresos presupuestarios, ascendieron en 2020 a 12.039 millones, un 15 por ciento más (1.527 millones) con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del aumento de las transferencias corrientes, que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente.
El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 95 por ciento en 2020. Con la aparición de la pandemia en 2020, la autonomía en el ámbito presupuestario disminuyó un punto respecto a 2019, pasando este indicador del 88 al 87 por ciento.
La autonomía fiscal también disminuyó, como ha explicado Amilivia, pasando del 53 al 51 por ciento, al “estancarse” los ingresos tributarios al tiempo que aumentaban las transferencias recibidas y la necesidad de recurrir a pasivos financieros.
La carga financiera global de la deuda en el periodo 2017-2020 pasó del 14 al 13 por ciento, reduciendo en un punto el impacto sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de los servicios.
Así, el volumen de amortización de pasivos financieros se mantuvo a partir de 2019, mientras que disminuyen los gastos financieros en un 15 por ciento y los ingresos corrientes aumentaron un 13.
ESTRUCTURALMENTE INSUFICIENTE
En este sentido, Amilivia ha señalado que el margen derivado de la actividad corriente es “estructuralmente insuficiente” para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para “destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión”.
Así, se constata que el margen de funcionamiento (capacidad de generar recursos derivados de las operaciones corrientes, excluidas las transferencias) experimenta un “brusco descenso” con respecto a 2019, con una cuantía que se sitúa en valores negativos (-583 millones).
Si se tiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes, se constata que el ahorro bruto muestra también una tendencia desfavorable, pero en este caso “con valores positivos en los últimos tres ejercicios”, situándose en 186 millones en 2020.
Por otra parte, si de este ahorro bruto se deducen los créditos gastados para atender la amortización de la deuda, el ahorro neto resulta negativo en el periodo analizado, hasta los 940 millones en 2020.
En cuanto a los indicadores per cápita en 2020, el presidente significó que el gasto público por habitante muestra una tendencia creciente (5.103,31 euros); la inversión por habitante muestra una tendencia ascendente (493,44 euros); la carga financiera soportada por cada ciudadano, una tendencia decreciente (550,68 euros); los ingresos públicos en 2020 son de 5.027,05 euros por habitante; la presión fiscal se sitúa en 2.559,88 euros por habitante, mientras que el déficit presenta un valor de -76,27 euros por habitante.
Con relación al balance de situación consolidado, que refleja la situación y variación del activo, el pasivo y el patrimonio, el presidente ha expuesto que el sector público administrativo de la Comunidad presentó un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 de 6.156 millones de euros y que en 2020 se situó en -5.860 millones.
El balance refleja “una situación de desequilibrio”, con un fondo de rotación o maniobra (la diferencia entre los activos y pasivos corrientes) que indica “necesidades estructurales de financiación para atender las obligaciones a corto plazo. En 2020 fue de -358 millones, inferior a los -715 en 2019. La ratio de liquidez general pasó de un 74 por ciento en 2019 a un 87 en 2020 que, sin perjuicio de la mejora, señala una situación que “estructuralmente genera tensiones de liquidez”.
PLAZOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO
En cuanto a los plazos medios de cobro y pago, se redujeron con respecto a 2019, situándose en 2020 en los 33 y 43 días, respectivamente. De este modo, la deuda soportada por cada castellanoleonés “pasó de 6.051 euros en 2019 a 6.233 en 2020”. Los indicadores relacionados con la solvencia a largo plazo ponen de manifiesto “una evolución desfavorable en el periodo analizado y por tanto un aumento de la dependencia de terceros”.
Con relación a la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los resultados “son positivos en el periodo analizado”, con un ahorro de 1.669 millones de euros en 2019, que desciende notablemente en 2020 hasta los 168.
El año en que surge la pandemia, la política de Sanidad, con 4.751 millones, tuvo el mayor peso relativo del gasto, un 39 por ciento, la que mayor incremento interanual experimentó (1.046 millones). A continuación se sitúa Educación, con un 18 por ciento del gasto total, con 2.256 millones de euros y un incremento de 225 millones. Le sigue Agricultura, Ganadería y Pesca, con el once por ciento, que supone 1.313millones de euros, un descenso de 3,45 millones.
La deuda pública también disminuye en 7,77 millones hasta los 1.268, dentro de lo cual Servicios Sociales y Promoción Social representa un siete por ciento, con 871 millones, y un aumento de 79 millones. La política que más aumenta en términos relativos es seguridad ciudadana, un incremento del 536 por ciento y de 62 millones, para situarse en 2020 en 73 millones.
En 2020, los 5.103,31 euros de gasto público por habitante en que incurre la Comunidad se reparten principalmente entre los 1.278,73 euros a atención especializada; 593,41 euros a atención primaria; 529,71 a amortización y gastos financieros deuda pública; 415,44 a Educación Secundaria, FP, Educación Especial, enseñanzas artísticas e idiomas; 383,88 a Feaga; 281,46 a Educación Infantil y primaria; 167,11 a enseñanzas universitarias y 138,03 a Servicios sociales básicos e integración social.
En lo referente al análisis del impacto en los ingresos presupuestarios por la COVID-19 en el ejercicio 2020 asciende a 911 millones. El 99 por ciento son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado, mientras que los procedentes del Fondo COVID ascendieron a 843 millones y supusieron más del 90 por ciento de los fondos recibidos para combatir la pandemia.
Ante la ausencia de identificación de las fuentes de financiación y su afección al gasto ocasionado por la pandemia, se constata que el sistema establecido por la Administración autonómica ha tenido “una capacidad limitada” para identificar los gastos COVID.
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