SALAMANCA, 8 (EUROPA PRESS)
COAG Salamanca ha pedido al consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, que dimita “si no es capaz de gestionar el saneamiento ganadero sin arruinar a las explotaciones”.
En un comunicado, la organización profesional ha calificado al consejero de “absolutamente irresponsable” al publicar la resolución de 10 de mayo que “se saltaba las normativas europea y nacional sobre la lucha contra la tuberculosis bovina, además de generar falsas expectativas en el sector ganadero de Castilla y León”.
Asimismo, ha reclamado al director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa, una “actitud constructiva e implicación para tratar con seriedad las propuestas de los ganaderos”.
En el comunicado, recogido por Europa Press, ha explicado que el sector de vacuno de carne de COAG Salamanca se reunió el miércoles 7 de junio para “analizar la situación creada en la provincia con relación al saneamiento ganadero tras los acontecimientos de las últimas semanas, y muy particularmente, tras los vividos el pasado lunes 5”.
A este respecto, COAG ha manifestado su “total desacuerdo” con los modos en que se desarrolló el acto de protesta frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y ha condenado “el uso de la violencia por parte de algunos exaltados, ya que ésta nunca puede ser el medio para hacerse escuchar y conseguir la finalidad” que los ganaderos persiguen.
COAG Salamanca ha considerado que la Plataforma que está encabezando las actuaciones y actos de protesta del sector, Unión por la Ganadería, “debe mantener el carácter con el que nació: un grupo de trabajo con participación de los diferentes agentes del sector productor para, en el marco de las normativas nacionales y europeas, buscar alternativas que permitan compatibilizar el objetivo de aminorar el incremento de la incidencia de Tuberculosis bovina en nuestra provincia con el mantenimiento de la viabilidad y continuidad de sus explotaciones ganaderas”.
La OPA ha estimado “imprescindible” que sean las Organizaciones Profesionales Agrarias las que “marquen las directrices y definan la estrategia de actuación de este movimiento ganadero”, puesto que “son éstas las que aúnan la capacidad de elaborar propuestas, la práctica consolidada del diálogo con las administraciones, la disponibilidad de estructuras y personal técnico y la experiencia en la organización y desarrollo de actos de protesta y movilizaciones”.
“Hay que ofrecer ideas que puedan ser negociables dentro del límite de la legislación vigente, y para ello también los responsables de la administración deben estar a la altura de la situación y valorar lo que es factible o no, sin tener en cuenta ideologías o cálculos electorales”, ha continuado.
“No es justificable en modo alguno pretender saltarse la normativa, porque eso, además de ilegal, es injusto con todos los productores que se están ajustando a lo establecido, tanto en Salamanca como en el resto de Castilla y León y en toda España”, ha apuntado.
A este respecto, COAG Salamanca ha lamentado “la manipulación política que se ha hecho del descontento del sector ganadero por parte de determinadas opciones partidistas”. Ante esta situación, “debemos estar unidos con unos mismos principios comunes, que es la viabilidad de nuestras explotaciones”, ha aseverado.
PETICIONES
Finalmente, entre otras medidas, COAG Salamanca se ha mostrado en contra de bloquear los saneamientos ganaderos ni boicotear ferias ganaderas, o con cualquier otra idea que vaya en detrimento del ganadero; y ha incidido en pedir que se incentive la reposición y llevar a cabo el “plan Renove” que la Consejería “prometió”, evaluar la idea de repercusión en las ayudas de la PAC y a la vez solicitar que la edad de las novillas para acceder a las ayudas fuera a partir de los 18 meses siempre que el destino sea vida.
También, ha abogado por incidir en el estudio de los animales “dudosos”, informar al ganadero y llevar un seguimiento de estos animales, reconocer la trayectoria sanitaria histórica de cada explotación para poder facilitar la recuperación de la calificación sanitaria en el menor tiempo posible, estudiar la posibilidad normativa de que las pruebas de saneamiento en animales menores de seis meses no sean necesarias, aumentar las indemnizaciones en los animales sacrificados y resultantes como falsos positivos y aumentar la calidad del servicio prestado por los equipos veterinarios que realizan las actuaciones sanitarias en campo.
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