Una de las estrategias de la Junta de Castilla y León en esta legislatura está centrada en el control del intrusismo y de las viviendas turísticas ilegales. A las medidas ya adoptadas, ahora se suma la colaboración de la Policía Nacional, para controlar esta actividad clandestina.
El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha mantenido una reunión con responsables de la Policía Nacional para colaborar en el control e inspección de las viviendas de uso turístico clandestinas. Esta colaboración permitirá crear un protocolo de actuación conjunta de inspección con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa en materia turística y de seguridad.
La proliferación de nuevas formas de alojamiento turístico que se está produciendo en la actualidad impulsada por la utilización de plataformas digitales, ha dado lugar a que se tengan que reforzar las medidas para controlar la actividad clandestina en las viviendas de uso turístico.
Actualmente, en Castilla y León hay registrados 945 alojamientos, pero existen otras viviendas de uso turístico que no han comunicado su actividad o que no informan de su ocupación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con el fin de intensificar la cooperación entre la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional en el control de este tipo de alojamientos turísticos, se ha acordado en la reunión celebrada en la presente semana trabajar en la elaboración de un Protocolo de actuación conjunta, en materia de inspección, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, tanto en el ámbito turístico como en el de la seguridad.
En el marco del protocolo y en el ejercicio de las competencias que a cada una le corresponden, se van a realizar inspecciones conjuntas entre la Policía y los inspectores de turismo para comprobar el cumplimiento de la legalidad. Así, una vez localizadas las viviendas de uso turístico -a través de la investigación policial, consultas en la web o denuncias- se comprobará su inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León y se inspeccionarán para controlar si cumplen con la legalidad, y en particular verificando si comunican la ocupación cada vez que se alojan los turistas, como recoge la normativa de seguridad ciudadana.
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