VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, han coincidido en su exigencia de que la reforma de la financiación autonómica sea “simultánea” a la local y han pedido que se realicen con “criterios parecidos” para evitar que los municipios reciban la parte residual y que haya “administraciones de primera y de segunda”.
“No podemos quedarnos en una financiación residual después de pactar la financiación autonómica”, ha reclamado en concreto Ángeles Armisén que ha abogado también por definir las competencias de las entidades locales, sin descartar una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local de la que, personalmente, es partidaria, y por establecer la financiación “correcta” y “justa”.
Armisén ha recordado al respecto que los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades locales llevan años reivindicando una “financiación justa” para todas sus competencias, algunas de ellas calificadas de “impropias”, y ha reconocido que en estos momentos no hay una cifra concreta sobre cuánto tendría que mejorar ya que primero hay que llegar a un acuerdo sobre qué criterios van a evaluar los servicios o sobre los estándares de calidad de los mismos.
En este sentido, ha lamentado el retraso en la convocatoria de las reuniones por parte del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el interlocutor con el Gobierno.
“La financiación de la que hay que hablar no solamente es la financiación autonómica, es también la financiación local”, ha compartido Fernández Carriedo que ha exigido un debate transparente, abierto a todos y en condiciones de igualdad. “No puede ser que esta negociación de la financiación local se debata primero con unos partidos políticos separatistas y luego se quiera imponer al resto de los territorios de España”, ha zanjado.
Fernández Carriedo ha rechazado una financiación que ignore la situación de la Comunidad Autónoma y ha hecho especial hincapié en que tiene que ser transparente “y entre todos”, a lo ha añadido que debe tener en cuenta las circunstancias propias de la Comunidad, “que también son las circunstancias de los municipios y las provincias de Castilla y León”, ha apostillado, para definir el coste en la prestación de los servicios públicos esenciales que dan la Comunidad autónoma y los municipios.
Estos son los mensajes que han trasladado Fernández Carriedo y Armisén con motivo de la constitución este viernes de la Comisión de Trabajo de la FRMP de Economía, Hacienda y Fondos Europeos donde el consejero ha recordado que las entidades locales dispondrán de más de 1.421 millones de euros de fondos europeos para hacer frente a las necesidades de los municipios.
Los 1.421,3 millones de euros de fondos europeos se distribuyen a través de los fondos FEDER, que alcanzan 591.8 millones de gasto con una cofinanciación del 40 por ciento de la Junta; del Fondo Social Europeo (FSE) Plus, que suman 282,3 millones, también cofinanciados en un 40 por ciento por el Gobierno autonómico, y del Fondo de Transición Justa que asciende a 281,5 millones destinados a actuaciones en las provincias de León y Palencia, cofinanciadas en un 30 por ciento por la Junta.
También están contemplados los fondos de Cooperación Transfronteriza, que llegan hasta los 26 millones de euros de gasto total y que cuentan con un cofinanciación del 25 por ciento.
Asimismo, los Fondos Next Generation destinan, a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 239,7 millones de euros de gestión directa por las entidades locales de Castilla y León para hacer frente al impacto causado por la crisis del COVID-19, a través de reformas e inversiones, y construir un futuro más sostenible.
El consejero ha recordado que en el anterior Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020, se han cofinanciado actuaciones a través del FSE que han beneficiado a más de 7.000 personas desempleadas.
Mediante las iniciativas desarrolladas a través de los FEDER se ha logrado beneficiar a 32.132 hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps y mejorar la depuración de aguas residuales beneficiando a una población de 323.650 personas. Y se calcula en 650.000 beneficiados por distintos tipos de servicios públicos y más de dos millones de personas beneficiadas por actuaciones desarrolladas en el ámbito de la protección, prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural.
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