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La Junta y la Autoridad Independiente en materia de Corrupción en Castilla y León se reúnen para establecer un primer contacto

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VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha mantenido una reunión de “toma de contacto” con el titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, Luis Gracia, quien fue nombrado por el Parlamento autonómico el pasado 20 de junio.

Según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, en él recae la responsabilidad de gestionar el nuevo canal externo de denuncias para entidades públicas, creado a propuesta de la Consejería de la Presidencia a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de 2024.

Esta reunión ha servido para establecer una toma de contacto entre la Junta de Castilla y León y dicha autoridad independiente. Su objetivo es trasladar la experiencia que ya tiene la Consejería de la Presidencia a la hora de tramitar este tipo de comunicaciones a través de su propio canal interno de denuncias, adscrito, en este caso, a la Inspección General de Servicios cuya titular es María Otero Lucas, y que, desde mediados de 2023, recoge comunicaciones relativas a la actividad interna de la Administración autonómica.

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A través de esta institución, adscrita al Consejo de Cuentas, cualquier persona puede presentar comunicaciones sobre aquellas acciones u omisiones, por parte de entidades públicas de Castilla y León, que puedan infringir el Derecho de la Unión Europea, o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave.

El hecho de que este órgano pertenezca a una entidad independiente como el Consejo de Cuentas ahonda, a juicio de la Junta, “en la seguridad y la confidencialidad de los informantes”.

Ambos interlocutores han reafirmado su intención de trabajar de forma independiente de cara a lograr el objetivo común de “garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y el arreglo a la ley de todos los procedimientos llevados a cabo en el seno de las administraciones públicas de Castilla y León, atendiendo todas las reclamaciones recibidas, trabajando con discreción y objetividad, y protegiendo siempre el anonimato y la seguridad jurídica de todas las personas implicadas”.


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