VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
La abstención de Vox en la votación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE fuerza a la Junta de Castilla y León a modificar la Ley del Juego sólo seis meses después de su aprobación en las Cortes, ya que el PP se ha quedado sólo en la defensa de esta normativa ante la coincidencia del resto de grupos en la necesidad de se que sea “más ambiciosa” en la protección de colectivos vulnerables al juego.
Así, el Grupo Parlamentario Popular ha sido el único que ha votado en contra de una iniciativa socialista, por lo que, finalmente, se ha aprobado la PNL que insta a la Junta a reformar la Ley del Juego, ya que, para los socialistas, la normativa no protege a los colectivos vulnerables mientras que sí beneficia a “empresas”.
Así lo ha manifestado la procuradora del PSOE Yolanda Sacristán, quien ha defendido esta Proposición No de Ley (PNL) que ha contado con la abstención de Vox al considerar que la reforma normativa de marzo sí avanza en la regulación de las nuevas formas de juego pero es necesario un mayor avance en la protección a colectivos vulnerables.
En concreto, la procuradora del PSOE ha insistido en la necesidad de incluir en la Ley evitar la instalación de establecimientos específicos de juego en la zona de influencia de todo tipo de centros de enseñanza de cualquier nivel, para lo que ha propuesto una distancia mínima de 500 metro, algo que ya se propuso en la tramitación de la norma y que fue rechazado.
“La ley no garantiza la protección de los más vulnerables frente a la adicción al juego, sino que su principal objetivo ha sido proporcionar un entorno de negocio estable a las empresas del sector”, ha lamentado la socialista, quien ha reclamado una ley que “verdaderamente proteja a quienes tienen o son susceptibles de tener problemas de ludopatía”.
Frente a estos argumentos, el procurador ‘popular’ Francisco Javier Carpio ha defendido la normativa aprobada en marzo y ha asegurado que no entiende por qué se vuelve a debatir una norma “tan reciente”. De este modo, ha defendido que la Ley del Juego de Castilla y León es “moderna” y avanza en la prevención de la ludopatía.
Por último, para Carpio el problema radica principalmente en la normativa estatal, por lo que ha instado al PSOE a que inste al Gobierno de Pedro Sánchez a que modifique su Ley.
No obstante, tanto el procurador Francisco Igea, como Pablo Fernández –Unidas Podemos– y Alicia Gallego –UPL– han respaldado la iniciativa socialista y han asegurado que la Ley que se aprobó hace seis meses ha sido una “oportunidad perdida”, ya que se trata de una norma que “respaldad a las empresas” y no protege “a la ciudadanía”.
Finalmente, la procuradora de Vox Susana Suárez sí ha defendido la normativa de Castilla y León, ya que, a su juicio se adapta a los nuevos tiempos y a la nueva forma de juego a través de las nuevas tecnologías. Así, ha defendido que los objetivos de la norma “son buenos” pero no ha ocultado su intención de que fueran “más ambiciosos” en el sentido de implementar la limitación de establecer centros cerca de colegios.
Así, tras advertir al PSOE que no vota a favor para no darle “carta blanca”, ha argumentado su abstención en su objetivo de que esta norma sea “más ambiciosa”.
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