VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que el Consejo de Gobierno ha autorizado el pago del alquiler y la nómina del director gerente del Serla que estaban pendientes con cargo a la subvención actual, aunque no renuncia a impulsar medidas de ahorro en el servicio como la búsqueda de un centro de trabajo con un arrendamiento más barato o “a coste 0”.
En concreto, como ha especificado Fernández Carriedo, se debe una cuantía de 28.000 euros de alquiler de local y el salario del director gerentes de varios meses –una nómina que se equipara a la de un alto cargo de la Junta–, todo ello se cargará a la aportación concedida en marzo y que alcanzaba los 400.000 euros.
Fernández Carriedo ha insistido en que el objetivo de la Junta es garatizar el servicio de mediación laboral Serla como “lo ha hecho siempre”, así, como el acuerdo de hoy, se “flexibilizan” los pagos para que el servicio pueda prestar sus servicios de forma “eficiente”.
No obstante, ha defendido que se intentará asegurar su funcionamiento sin renunciar a la “eficiencia y la austeridad” y ha insistido en que, dentro de la búsqueda de esa eficiencia, “se puede aconsejar el traslado de la sede a una institucional”.
Para el consejero el Serla es un órgano “importante” que ofrece un servicio “relevante” en la gestión de conflictos laborales y que logra que en la Comunidad se rebaje la “conflictividad social”, por lo que se asegura el servicio siempre “de la mano” de los agentes económicos y sociales.
En cuanto a la reunión del Consejo del Diálogo Social, el consejero ha avanzado que a finales de agosto o principios de septiembre habrá una reunión de la Comisión Permanente para avanzar en la reunión del Consejo.
EL ACUERDO
El acuerdo aprobado hoy en Consejo de Gobierno faculta a la Fundación para que pueda abonar, con cargo a la aportación dineraria concedida por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo, gastos de arrendamiento, costes salariales del personal de alta dirección y gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales.
Además, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, de modo que, la Fundación podrá destinar la aportación económica de la Junta de Castilla y León, que se ha hecho efectiva el pasado mes de mayo, a sufragar gastos generados tanto durante el presente ejercicio como durante el segundo semestre del pasado año 2023.
De este modo, el Gobierno autonómico pretende facilitar el pleno funcionamiento de la Función del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y posibilitar la financiación de su actividad mediadora en los conflictos surgidos entre empresas y trabajadores, evitando su judicialización.
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