El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el administrador apostólico de la Diócesis de Ávila, Jesús García Burillo, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León y posteriormente ofrecerlas en régimen de alquiler social. Ambas instituciones se comprometen colaborar conjuntamente por un periodo inicial de cuatro años.
La colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Obispado de Ávila tiene como fin facilitar la puesta a disposición de las familias de entornos rurales de aquellas viviendas propiedad de la iglesia que se encuentran en desuso, a través de su incorporación al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León.
Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de Ávila coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.
Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al Parque Público de Vivienda están localizadas en pleno casco urbano, contarán con todo tipo de servicios por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales.
Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.
Este compromiso de colaboración entre ambas instituciones tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas instituciones.
Este es el séptimo convenio que firma la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con representantes de la Iglesia Católica para trabajar conjunta y coordinadamente para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y atender situaciones difíciles, especialmente en el medio rural, y que se suma al resto de diócesis que hasta ahora colaboran con la Junta de Castilla y León, como son León, Ciudad Rodrigo, Palencia, Segovia, Astorga y Burgos.
Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda y ha destacado la repercusión económica de los programas de rehabilitación que está llevando a cabo su departamento en los entornos rurales además de contribuir a fijar población en esos núcleos de población.
Parque público de Vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello la Junta de Castilla y León ha creado un Parque Público de Viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone actualmente de más de 1.955 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
En la provincia de Ávila se contabilizan 194 viviendas en el Parque Público de Alquiler, de las que 171 son propiedad de la Junta, 13 se han cedido tras la firma de diferentes convenios y 10 proceden de la Sareb, a las que habrá que sumar las que ceda el Obispado de Ávila tras la firma del convenio rubricado esta mañana.
Sobre las ayudas al alquiler, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha destinado este año 15,3 millones de euros, con incrementos para los jóvenes y mayores de 65 años, y cuya convocatoria que está a punto de resolverse. En 2017, en la provincia de Ávila fueron 821 los beneficiarios de ayudas por importe de 897.000 euros.
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