VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha mostrado su rechazo a los planes del Gobierno para financiar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
La titular de Educación ha reaccionado así, según señala la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, tras el “anuncio realizado” por el Gobierno de España de que “sufragará parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU”.
La Junta de Castilla y León lamenta “una vez más, que el Gobierno Central tome decisiones sin consultar con las comunidades autónomas”.
La aplicación de la normativa supone, han añadido las mismas fuentes, “un sobrecoste para las universidades que vuelve a recaer sobre las administraciones autonómicas”. Para la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España “debe hacerse cargo de los costes que deriven de las leyes que impone de forma unilateral”.
Según la titular de Educación, en la comisión de trabajo que se creó para consensuar la aplicación de la nueva ley se han acordado algunas cuestiones como el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU.
Asimismo, las comunidades autónomas presentaron una propuesta de financiación de plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. Sin embargo, apuntan que en las últimas horas se ha publicado que el Gobierno Central sólo financiará parte de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la ley.
“Según la información publicada, pues nada ha comunicado oficialmente el Ministerio, sufragarían el coste durante los 6 años que dura el contrato y da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas”, ha añadido la Junta en el comunicado.
En este sentido, Rocío Lucas lamenta que estas noticias se transmitan a través de los medios de comunicación, muestra el rechazo a este último anuncio y solicita al Ministerio que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible.
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