También pedirá al Ejecutivo central la transferencia de la titularidad de los montes de Valsaín (Segovia)
VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este viernes que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL que condena a la Administración autonómica a declarar el cese de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada en territorio de Segovia.
Así lo ha señalado Suárez-Quiñones este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al humedal de El Bodón Blanco, en Bocigas (Valladolid), donde ha sido preguntado por la sentencia del TSJCyL que ha condenado a la Junta a declarar la caducidad del título concesional de la estación de esquí.
Suárez-Quiñones ha aseverado que van a recurrir ante el Tribunal Supremo en recurso de casación esta sentencia, por lo que “no cobra firmeza” y así la Junta podrá trabajar “por la defensa de sus intereses públicos y de los intereses generales” de los castellanos y leoneses.
La Junta, como ha recalcado el consejero, no comparte “en absoluto” la posición del Gobierno de España, que presentó el recurso a una resolución anterior que ha desembocado en esta sentencia que condena a la Administración autonómica.
De hecho, Suárez-Quiñones ha criticado que el Ejecutivo central “de nuevo” trata de “atacar a Castilla y León” con esta pretensión del cierre de la estación y su desmantelamiento –decretados en la sentencia del TSJCyL–.
El consejero ha recalcado que hay “más de 30 estaciones de esquí en España” y se ha preguntado por qué “se fijan” en una que está en Castilla y León y de la que también disfruta la Comunidad de Madrid.
“Entendemos que es simplemente un ataque político a nuestra comunidad, luego vamos a luchar con todos los recursos legales que tenemos a nuestra disposición y hay muchas cartas que jugar en este partido, que no ha terminado ni mucho menos, para defender el interés público”, ha enfatizado.
Suárez-Quiñones ha enfatizado que no comparten que la sentencia “tenga que decir que es lo que tenemos que hacer”, pues considera que la competencia sobre esta estación es de la Junta.
El consejero ha defendido que Navacerrada es “una estación absolutamente popular”, con 90 años de historia y de la que disfruta tanto los vecinos de Madrid como los de Castilla y León, de modo que ha mantenido que “no es la típica estación elitista de clases altas”.
También ha defendido que es una estación que “da trabajo a cientos de personas”, por lo que la considera “un elemento de actividad económica en el medio rural, tanto de la comunidad como de la Comunidad de Madrid”.
En tercer lugar, ha añadido que se trata de “una estación plenamente compatible con los valores naturales del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama”, algo que argumenta que lo ha dicho el Plan de ordenación de recursos naturales previo a la declaración del Parque Nacional, del año 2009, “que declaró y estableció la compatibilidad de la estación con esos valores”.
Además, añade que en la ley del Estado del año 2013 se declaró y constituyó el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y “dejó fuera precisamente los terrenos de la estación”, al tiempo que interpreta que “consideró la compatibilidad de esa estación con los valores que se protegían con la declaración del Parque Nacional”.
Suárez-Quiñones también ha señalado la “reciente” aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del parque en 2019 por parte de Castilla y León y en 2020 en la comunidad de Madrid, en los que “se manifestó la plena compatibilidad de la estación con estos terrenos naturales”, al tiempo que entiende que si hubo alegaciones fue para “expresar la preocupación de determinadas entidades” ante el mantenimiento de la estación.
Por otro lado, Suárez Quiñones ha añadido que la Junta va a pedir al Gobierno de España la transferencia de la titularidad de los montes de Valsaín pues consideran que “no tiene ningún sentido ni explicación” que el Gobierno sea titular de 10.000 hectáreas de montes en Castilla y León”, lo que ha definido como un “anacronismo”.
Esta solicitud de transferencia ya se solicitó por parte de la Junta hace unos “10 ó 12 años”.
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