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La Junta firma convenio con 6 comunidades para intercambiar recursos educativos y plataformas tecnológicas

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VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha suscrito un acuerdo con otras seis comunidades autónomas para potenciar las competencias digitales de la ciudadanía y compartir recursos formativos y plataformas tecnológicas entre autonomías.

En concreto, han sido la Junta de Extremadura, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia los ejecutivos que, con la Junta de Castilla y León, han firmado este modelo.

Así, esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones que realiza a través del programa CyL Digital de formación en competencias digitales para la ciudadanía, un modelo que cuenta con más de 117.000 usuarios presenciales y más de 60.000 en modalidad de teleformación.

Además, la Administración autonómica gestiona 288 Centros Asociados Rurales, facilitando el acceso a la formación en materia digital en todos los rincones de la Comunidad, con especial énfasis en el medio rural.

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En este sentido, según ha explicado la Junta en un comunicado remitido a Europa Press, este acuerdo se firmó el 31 de enero y busca reforzar la colaboración entre comunidades autónomas para la capacitación digital en la sociedad y avanzar hacia una transformación digital inclusiva y equitativa.

Entre las iniciativas que contempla este convenio se encuentra el autodiagnóstico de competencias digitales, mediante plataformas que permitan a los usuarios evaluar su nivel de conocimiento; la formación en competencias digitales, con acceso a cursos online y presenciales adaptados a diferentes niveles y necesidades; la certificación de competencias digitales, basada en estándares europeos, como el marco DigComp y, por último, iniciativas de divulgación y sensibilización, enfocadas en promover la cultura digital y reducir la brecha digital.

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años y no implica compromisos económicos adicionales para las administraciones firmantes, ya que cada comunidad destinará sus propios recursos a su implementación.


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