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La Junta es acusada por EA de eludir la legislación ambiental en el centro de energías renovables de Puente Castro (León)

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LEÓN, 9, (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción (EA) ha acusado a la Junta de Castilla y León de eludir la legislación ambiental y urbanística en el proyecto regional para el futuro complejo de energías renovables en Puente Castro (León).

Como ha explicado la organización ecologista a través de un comunicado de prensa, el pasado 11 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la aprobación del Proyecto Regional para la implantación de un complejo de energías renovables en León, promovido por SOMACYL.

La actuación comprende una central térmica de 88 megavatios de potencia que usará biomasa forestal para producir calor; una planta de biogás donde se tratarán 55.530 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora; una planta de producción de 756 toneladas al año de hidrógeno, que tomará agua del abastecimiento urbano de León; y una planta solar fotovoltaica de 6,3 megavatios que suministrará energía eléctrica al complejo industrial.

En un mismo trámite, por plazo de 45 días y con las navidades de por medio, se ha sometido a información pública la documentación técnica de estos cuatro proyectos, para su evaluación y autorización ambiental.

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También el proyecto de ejecución de la urbanización de los terrenos, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) clasifica como suelo rústico con protección natural y especial, donde los usos industriales están prohibidos y que el Proyecto Regional clasifica directamente como suelo urbano consolidado, pasando por encima del planeamiento municipal y de la legislación de urbanismo de Castilla y León.

La Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León define los Proyectos Regionales como “instrumentos de intervención directa en la ordenación del territorio que tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones, instalaciones o equipamientos de utilidad pública o interés social que sean considerados de interés para la Comunidad y tengan alcance regional”, el cual se justificará, en todo caso, por la “incidencia supramunicipal del proyecto”.

Además del alcance supramunicipal, a falta de otras definiciones normativas precisas, la jurisprudencia ha venido aceptando el interés singular para la Comunidad de un determinado proyecto, en base a la imposibilidad de aprobarlo por cauces urbanísticos ordinarios, siendo necesario acudir a procedimientos excepcionales.

Ecologistas en Acción ha denunciado “el uso abusivo” que hace la Junta de este tipo de proyectos y “la injerencia en la autonomía municipal” que ello implica. Las actividades industriales que, de manera excepcional, pretende autorizar la Junta en Puente Castro, “carecen de interés para la Comunidad”.

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“Más allá de argumentaciones ambientales genéricas sobre cambio climático y energías renovables, que valen para cualquiera de los innumerables proyectos fotovoltaicos, eólicos o de biogás que se prodigan en todas las provincias de Castilla y León, no hay una justificación concreta del interés regional de estos proyectos, fundamentalmente porque su ámbito territorial es puramente local”, han criticado desde Ecologistas en Acción.

Además, han asegurado que la modificación del PGOU y la autorización de los proyectos singulares en que se desarrolla no puedan tramitarse por los procedimientos convencionales habituales.

OTROS MOTIVOS

Además de la falta de interés regional, EA ha puesto encima de la mesa otros motivos contra el proyecto de Puente Castro como “la necesidad de una evaluación ambiental estratégica”, previa a la evaluación de impacto y autorización ambiental de cada uno de los proyectos industriales de los que constituye el marco.

También han incluido “la desprotección de los suelos rústicos con protección natural y especial, sin que hayan cambiado las circunstancias que motivaron en 2004 dicha protección, más allá de la pura oportunidad de ubicar ahí las instalaciones”.

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Por último han reclamado la ausencia de alternativas de ubicación ya que esta no se acredita como la mejor opción posible.

Y es que la concesión está pendiente de sentencia en el recurso contencioso-administrativo que interpuso esta asociación contra el Ayuntamiento de León, por presunto incumplimiento del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Ecologistas en Acción de León está en contra de la puesta en marcha de grandes instalaciones de combustión en los núcleos urbanos, como la que se proyecta en Puente Castro, aunque no se opone a la implantación de redes de calor a escala de barrio, “siempre que cuenten con respaldo vecinal, demanda real (padrón de posibles usuarios) y estudios rigurosos de viabilidad económica”.

La asociación demandante ha rechazado “rotundamente” lo que consideran “la imposición” de estos proyectos, “tramitados al margen de los procedimientos ordinarios, ambientales y urbanísticos”, y “devaluando la participación pública con opciones ya cerradas, acordadas por el Ayuntamiento y la Junta”.


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