VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León, que formuló un escrito de acusación en el caso de ‘La Perla Negra’, considera que las penas impuestas a sus ex altos cargos se ajustan a sus reclamaciones, aunque estudiará los fundamentos de la sentencia y decidirá posteriormente si presenta un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
Así ha reaccionado el Gobierno regional después de que la Audiencia Provincial de Valladolid haya dictado este miércoles la sentencia condenatoria en el caso del Edificio de Soluciones Empresariales, construido en Arroyo de la Encomienda, y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, parcialmente de conformidad con lo solicitado respecto a los delitos y las penas en el escrito de acusación formulado por la Junta.
Respecto al total de las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Junta de Castilla y León, siendo las solicitadas por las otras acusaciones más elevadas, tal y como se felicita la Administración regional a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Y es que Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados que exigía en su escrito de acusación. En concreto, la sentencia condena a los acusados Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo la cantidad de 4.512.066,29 euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L.
Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a los acusados Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Angel Rodríguez y Carlos González Maestro a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta de Castilla y León, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L.
La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta de Castilla y León en su papel de acusación particular como especialmente relevante para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular.
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