VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León ha firmado un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para implantar en todas las provincias de la Comunidad oficinas de información antiocupación, que responde a la “voluntad de defender” el derecho a la propiedad privada ante un fenómeno que representa un “ataque frontal a los derechos y principios constitucionales” y del que se registraron 205 casos en 2021.
El convenio tendrá una duración de cuatro años, que se podrá prorrogar por otros cuatro y prevé una Comisión de Seguimiento paritaria para hacer “efectivo su desarrollo, efectividad y eficacia”.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, con las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
La información estará también disponible en la web de la Junta de Castilla y León y el teléfono 012, de atención al ciudadano, derivará las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.
De esta manera, las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas, ya que se facilitará toda la información y asesoramiento que solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
A este respecto, el responsable de Medio Ambiente ha indicado que este convenio es “muy útil e importante”, en la medida en que lo que se hace ahora es que “confluyen” las voluntades de ambas instituciones, de las dos estructuras para hacer facilitar información ante esa “alarma social que genera el fenómeno de la ocupación de viviendas”.
Un fenómeno, ha precisado el consejero, que se pone de manifiesto en el creciente número de denuncias por hechos que son constitutivos de delito y por tanto constituyen infracción penal en el ordenamiento político, por lo que “todo lo que se pueda hacer para potenciar y fortalecer el trabajo de las dos instituciones para amparar a las personas perjudicadas por estos delitos, desde luego, es lo que lleva a firmar este documento”.
DATOS
En relación con los datos, Suárez-Quiñones ha remarcado que en España en el año 2016 había 9.998 denuncias de este tipo de acciones, ha pasado al año 2022 con en torno a 17.000 y todo con una “cadencia creciente”.
En Castilla y León, de los 125 casos registrados en el año 2016, Quiñones ha destacado que se han contabilizado 205 en 2021, el último dato estadístico que se tiene.
Juan Carlos Suárez-Quiñones hay remarcado que en esa “senda creciente y de preocupación” que genera este fenómeno en los vecinos de la Comunidad, ha surgido la iniciativa de crear estas oficinas en las nueve provincias.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente ha hecho énfasis en que estas instalaciones también van a dar traslado del requerimiento de información, ayuda y apoyo a las personas que lo soliciten, así como el traslado de todos los aspectos jurídicos que se deriven de ello y la puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Suárez-Quiñones ha aseverado que el objetivo es que las personas que sufren de forma “directa o indirecta” este fenómeno no se encuentren solas, sino “amparadas por las instituciones, por la Junta y, por tanto, por esta red de oficinas de las cámaras de la propiedad en cada una de las nueve provincias”.
En este convenio, el consejero ha destacado que la Junta se compromete a compartir información, las condiciones normativas, reflexiones sobre las distintas normas que puedan concitarse alrededor de este fenómeno y también a recoger los datos que plantean las necesidades e intereses de las personas afectadas por esta situación.
El convenio recoge también la puesta a disposición del teléfono 012, de Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, como canal de acceso a los ciudadanos afectados por la problemática de la ocupación de vivienda, que se encargará de derivar la llamada a los teléfonos de las distintas sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Para ello el personal de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que atenderá de forma efectiva la consulta, recibirá la formación especializada que permita dar la máxima información posible y gestionar la llamada con la máxima eficacia.
UN “APOYO MÁS”
El presidente del Consejo General, Ángel Merino, por su parte, ha subrayado que esta iniciativa supone un “apoyo más” al trabajo que vienen realizando en esta materia.
Asimismo, Merino ha señalado que las cámaras “están preparadas” para evitar que en Castilla se produzca el “mismo caos” que lo que se está viendo en otras comunidades con la situación de la ocupación.
“Nosotros estamos preparados con un equipo de abogados muy buenos desde hace mucho tiempo”, ha sentenciado Merino, en la medida en que se viene prestando una colaboración desde hace “mucho tiempo” con la Consejería en relación con los temas de la propiedad urbana.
Del mismo modo, presidente del Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana ha asegurado que están a disposición de los ciudadanos con los “medios necesarios y la gente experta necesaria” para hacer frente a este fenómeno en la Comunidad.
- Te recomendamos -
