La Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración autonómica se ha reunido esta mañana, presidida por Marta López de la Cuesta, viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, y entre otros asuntos ha tratado el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. El Gobierno autonómico destinará casi 64 millones de euros a esta subida salarial, que comenzará a ser efectiva en el mes de agosto.
La subida de los sueldos de los empleados públicos se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en la correspondiente a este año -en vigor desde la semana pasada- se prevé una subida del 1,5 % con efectos 1 de enero de 2018. La Junta de Castilla y León ha trasladado a los representantes de los trabajadores que ese incremento se pagará en la nómina de agosto. Esta subida estaba prevista en los Presupuestos de Castilla y León pero no podía abonarse hasta que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado.
Así, en la nómina de agosto los empleados públicos verán sus retribuciones incrementadas en el 1,5 % más los atrasos vinculados a ese 1,5 % desde el mes de enero. El montante total de dicho incremento supondrá en los presupuestos de la Comunidad una cuantía de 59 millones de euros, sumando las cantidades tanto para los empleados públicos de la Junta como para la concertada.
Además los empleados públicos percibirán un incremento añadido del 0,25 %, siempre y cuando el PIB haya crecido el 3,1 % y así lo certifique el Consejo de Ministros mediante un Acuerdo, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado.
En la reunión, López de la Cuesta ha recordado que para que el Gobierno autonómico abone los casi 5 millones de euros que suponen ese 0,25 % deben darse dos condiciones previas: el Acuerdo del Consejo de Ministros que constate que ha crecido el PIB – todavía no se ha adoptado por parte del Gobierno de España- y modificar la Ley de Presupuestos de la Comunidad para que la subida de los empleados públicos pase del 1,5 % inicialmente previsto al 1,75 % que prevé la normativa estatal.
La incapacidad temporal se podrá pagar al 100% tras la aprobación de un Decreto-Ley
Los Presupuestos Generales del Estado levantan la prohibición de pagar en las bajas laborales por incapacidad temporal el 100 % de las retribuciones. La Junta de Castilla y León y los tres sindicatos más representativos de los empleados públicos firmaron en 2015 un Acuerdo para la recuperación de derechos y de prioridades en materia de Función Pública en el que, uno de sus puntos se centraba en esta materia, acordando solicitar conjuntamente al Gobierno de España la supresión de la norma que impedía pagar el 100 % en los supuestos de incapacidad temporal.
Los firmantes del Acuerdo mencionado decidieron avanzar en esta cuestión y para ello en 2017 se negoció aprobar una instrucción que en la actualidad permite pagar el 100 % de las retribuciones en un amplio listado de enfermedades; pero todavía se limitaba en algunas patologías leves porque la normativa básica no permitía ampliar ese derecho en todos los supuestos.
En la Mesa General de Negociación, la viceconsejera de Función Pública ha comunicado a los representantes de los trabajadores que, tras la aprobación la semana pasada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se está elaborando un Decreto-Ley que se remitirá a las Cortes para que sea convalidado por el Pleno en el mes de septiembre. En el Decreto-Ley también se incluirá la habilitación para ampliar la subida del 1,5 % previsto en los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León al 1,75 %, incluyendo así el 0,25 % adicional que prevén los presupuestos estatales. Esta subida adicional del 0,25 % es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de España y los sindicatos en el mes de marzo de este año, cuando los presupuestos de Castilla y León ya estaban aprobados con una previsión de subida del 1,5 %
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