VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León ha aprobado por Decreto Ley la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, un horario que se comenzará a implantar a partir del 1 de junio en todos los sectores menos en educación que arrancará en septiembre y para lo que el Ejecutivo regional reserva 35 millones de euros para afrontar esta medida en 2023.
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha explicado los detalles de este Decreto tras firmar junto a los sindicatos del sector público el Decreto Ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acompañado por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
Así, Carnero ha insistido en que con este acuerdo se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en base al acuerdo con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO) firmado el 29 de octubre de 2015, en el que se pactó recuperar la jornada de 35 horas a partir del 1 de junio de 2019.
De este modo, a partir del 1 de junio todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León tendrán una jornada de 35 horas, un horario que en educación se aplicará a partir de septiembre. No obstante, como ha detallado Carnero, se mantiene la posibilidad de la jornada de dedicación especial de duración superior en los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación.
El Decreto establece también la correspondiente regulación de la jornada y la adaptación del horario de las dependencias administrativas. Así, se establece como jornada obligatoria para empleados públicos la jornada de 9 a 1 a la jornada laboral significar que en la misma se establece como jornada obligatoria de 9 a 14.00 horas y, como parte variable, se establece entre las 7.30 y las 9.00 y de 16.30 a 18.00, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Carnero ha asegurado que no conoce qué incremento de plantillas será necesario para poner en marcha esta jornada laboral, aunque ha garantizado que esta adaptación horaria no supondrá “mermas” en al atención a la ciudadanía, ya que, como ha defendido, el Decreto regula también las necesarias particularidades de los sectores educativo y sanitario.
“Estamos satisfechos de llevar a efecto algo que tenemos comprometido hasta este momento no se ha podido cumplir”, ha concluido Carnero, quien ha recordado que las 35 horas tuvieron que se adaptadas a 37,5 horas semanales por las circunstancias acaecidas en 2012.
Tras la aprobación de este Decreto comienza ahora un periodo de trabajo con las organizaciones sindicales para acomodar jornadas y calendarios en cada uno de los sectores.
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