MADRID/ÁVILA, 22 (EUROPA PRESS)
La jueza del ‘caso cuarteles’, en el que se indaga en presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil, ha archivado la investigación para el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien fue jefe de la comandancia de Ávila entre 2015 y 2017.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, consta que la titular Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid adopta esta decisión después de que la Fiscalía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles así lo pidieran.
La instructora también ha archivado la causa para el empresario Salvador Gutiérrez, toda vez que el Ministerio Público y la acusación popular concluyeron que tampoco quedaba acreditado que hubiese cometido delito alguno, según recoge la resolución dictada el pasado lunes.
“Ese será también el pronunciamiento que ha de adoptarse respecto a las personas que declararon como investigados ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, y respecto a los cuales ni siquiera se llegó a dar traslado de imputación ninguna por parte del Juzgado”, señala en referencia a otras dos personas.
SIGUEN INVESTIGADOS UN TENIENTE GENERAL Y UN EMPRESARIO
Así las cosas, la juez explica que continúan investigados únicamente el teniente general de la Guardia Civil Pedro González Jarava y el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’.
Cabe recordar que el pasado diciembre trascendió que la Fiscalía pide para ellos un año de cárcel por un presunto delito de cohecho. El Ministerio Público concluyó que, a cambio de la adjudicación de esas obras investigadas, el empresario obsequió al alto mando varios viajes –dos de ellos para ir a la final de la Champions– y le entregó diversas cantidades de dinero.
El escrito de acusación señala que el teniente general, entre los meses de octubre y noviembre de 2016, se dirigió a distintas comandancias ofreciéndoles descentralizar el crédito a su favor para realización de obras de pintura en los cuarteles y les dijo que conocía un contratista que estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, el corcho proyectado, “que podía solucionar el problema de humedades en las fachadas”.
Los responsables de las Comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Zona de Murcia y Jefatura de Asuntos Económicos accedieron a recibir y gestionar el crédito para la realización de obras de mejora de las fachadas introduciendo corcho proyectado, según el Ministerio Público.
Un informe de la Guardia Civil aportado a la causa reveló que entre 2008 y 2019 trece unidades territoriales del Instituto Armado adjudicaron a las empresas de Tejera de León obras por valor de más de 3,3 millones de euros. Los agentes advirtieron de que, pese a que algunas figuraban como terminadas, no fueron ejecutadas o se realizaron parcialmente.
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