VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que gestiona Vox en el Gobierno de coalición en Castilla y León, trabaja en una línea de subvenciones denominada DS+ que busca “ensanchar” el número de agentes económicos y sociales beneficiarios de las ayudas para llegar a una veintena de organizaciones empresariales y sindicales que hasta ahora se quedaban fuera de las mismas.
Para ello, la Consejería que dirige Mariano Veganzones ha publicado este miércoles, 12 de junio, en Gobierno Abierto las bases de las ‘subvenciones DS+’ que busca establecer un diálogo y una participación en las relaciones laborales “más democráticos y plurales” que cuente “con todas las organizaciones”, en palabras del consejero.
En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo apela a una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas y exclusivas “para los llamados interlocutores sociales más representativos”.
Industria hace especial hincapié en que en el fallo del alto tribunal se establece que son los sindicatos de clase y la patronal “no son los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación” e insiste en que la Justicia asume que otros interlocutores “deben poder participar de estas subvenciones”.
La Consejería ha cifrado en hasta una veintena de organizaciones sindicales y empresariales las que han quedado fuera tradicionalmente de las convocatorias de ayudas por ejercer su labor, situación que se modifica ahora “para no dejarlas desatendidas”.
Según recoge la Orden publicada en Gobierno Abierto consultada por Europa Press, la sentencia 22/2024, de 10 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera “evidente” que, aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical beneficiarias de la subvención son representativas constituyendo interlocutores sociales, “también lo es que no son los únicos interlocutores por lo que la atribución de posición única carece de justificación”.
“La presente ayuda contribuye a la consecución del citado objetivo, apoyando a las organizaciones que no son beneficiarias de subvenciones concedidas para la participación institucional, garantizando así la representación desde una perspectiva de pluralidad y equidad”, argumenta el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, quien firma esta Orden.
Este programa de fomento de las actividades de los interlocutores sociales se basa en un modelo proporcional y se distribuirá mediante un prorrateo en proporción a su capacidad representativa en la negociación de convenios colectivos.
Podrán ser beneficiarios los sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales con implantación en Castilla y León que acrediten estar inscritos en el correspondiente registro y los miembros asociados del beneficiario, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del beneficiario.
Y no podrán ser beneficiarias de esta subvención, en los términos indicados en la convocatoria, las organizaciones sindicales beneficiarias de las subvenciones para la participación institucional concedidas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Subvenciones, sus organizaciones miembros territoriales, sectoriales o intersectoriales ni las asociaciones integradas en algunas de ellas.
Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo han insistido en que el objetivo de las subvenciones DS+ es permitir a nuevas organizaciones sindicales y empresariales “ejercitar las actividades propias de su naturaleza laboral” y asegura que este ensanchamiento del número de agentes económicos y sociales que pueden recibir ayudas está en la línea de iniciativas de otras comunidades del norte de España.
El plazo de presentación de alegaciones a esta Orden es de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en la Plataforma de Gobierno Abierto de la Junta, es decir, desde el 13 hasta el 22 de junio de 2024, ambos inclusive.
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