El juicio se celebra el día 28 de marzo en la Audiencia Provincial
VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman 36 años de cárcel para cuatro encausados, un varón y tres mujeres, por dedicarse entre los años 2021 y 2023 a ofertar por internet falsos alquileres de vivienda en distintas partes de la ciudad, con el uso de datos de personas ajenas a los verdaderos titulares de los inmuebles, por los que cobraban a los interesados cantidades en concepto de señal y el primer mes de alquiler.
Los acusados son la pareja formada por A.M.C. y R.J.B, ambos como las personas que de común acuerdo comenzaron con la referida operativa en diferentes portales de internet, especialmente en el denominado ‘1000 anuncios’, desde finales de 2021 y al manos hasta marzo de 2023, y todo ello, presuntamente, con la colaboración de las también acusadas S.J.G. y L.J.G, en cuyas cuentas eran depositadas inicialmente las cantidades abonados por los clientes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
A los cuatro se les imputan un delito continuado de estafa, agravada por tratarse de vivienda, así como otro continuado de falsedad en documento mercantil, con las peticiones aparejadas de seis años de cárcel por el primero de ellos y otros tres más y multa de 3.600 euros por el segundo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su relato de hechos, la acusación pública sostiene que la pareja citada realizó en ese periodo ofertas de alquiler de pisos en las que se hacían pasar por los propietarios y exigían a cambio una señal en concepto de reserva y el pago del primer mes de arrendamiento. Para ello, remitían a los interesados que contactaban con ellos supuestos contratos de reserva o alquiler de los pisos, confeccionados con datos de personas ajenas a los verdaderos propietarios de los inmuebles y que tenían de estafas anteriores.
Así, movidos por la necesidad de encontrar una vivienda de alquiler para ser ocupada de forma inmediata, las víctima llegaron a realizar distintos reembolsos que inicialmente se verificaban en las cuentas de las otras dos personas acusadas, para posteriormente utilizar un sistema que no deja rastro como era la retirada en cajero con un código que se generaba en ese momento por el ordenante, que era la persona estafada.
Fue el 23 de febrero de 20223 cuando se practicó un registro en el domicilio de la pareja, sito en la calle Canterac, y allí la policía se incautó de abundante prueba al inspeccionar los teléfonos de los dos acusados y un ordenador portátil. En el móvil de ella, la policía encontró una carpeta con imágenes de hasta 47.897 archivos, fundamentalmente DNIs utilizados para las estafas, y en el de él 32 documentos PDF con reservas de viviendas.
Los acusados ofertaban pisos en las calles Aaíun, Vegafría, Cigüeña, Hermanitas, Caamaño y Embajadores, entre otras, sabedores de la existencia de una fuerte demanda de alquiler en esta zona de carácter popular.
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