El acusado y las tres operadoras encausadas se oponen al entender que Banco Santander, verdadero perjudicado, no se ha personado en la causa
VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
Fiscalía de Valladolid ha mantenido este jueves la responsabilidad civil (RC) directa del joven E.F.F. y la subsidiaria de las operadoras Tres Telemarketing, Vodafone y Phone House respecto del total de los más de 20.000 euros que el acusado, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, extrajo de las cuentas de una docena de clientes aprovechando su condición de empleado en la primera de las citadas mercantiles tras acceder a la base de datos personales de los afectados.
El juicio, tras dos sesiones, ha quedado visto para sentencia este jueves en la Audiencia de Valladolid donde tan solo quedaba por dirimir la responsabilidad civil, toda vez que el acusado ha reconocido los hechos y se ha conformado con una condena de dos años de cárcel que ni siquiera deberá cumplir al haber pactado también la suspensión de la ejecución de la misma.
En cuanto a la reclamación de indemnizaciones, en su intervención final recogida por Europa Press, la fiscal ha pedido al tribunal que condene también a E.F.F. como responsable directo de las cantidades estafadas y de forma subsidiaria a las tres citadas operadoras, y ello a pesar de que la práctica totalidad de la docena de clientes afectados ha renunciado a las mismas al haber ya sido indemnizada por su banco, a excepción de un hombre que sigue reclamando 50 euros que no le han sido devueltos, mientras que otro ni siquiera recuerda si ya fue resarcido–le extrajeron 300 euros de su cuenta–y un tercer perjudicado ni siquiera ha llegado a comparecer.
En este sentido, la acusadora pública entiende que será en ejecución de sentencia cuando el tribunal deberá determinar la devolución de las cantidades estafadas a estos tres clientes, una vez averigüe si no han sido aún resarcidos, así como a las entidades perjudicadas, fundamentalmente Banco Santander. De tales cantidades, a su juicio, deberían responder de forma directa el E.F.F. y subsidiariamente Tres Telemarketing, “como empleadora” del acusado confeso; Vodafone, “pues se estaba distribuyendo su producto”; y Phone House, “ya que el autor de la estafa realizó esta actividad desde una trastienda de su propiedad”.
En el bando contrario, tanto la defensora del acusado como la representación logal de las tres operadoras han mostrado su frontal oposición a la imposición de la RC tras recordar que la práctica totalidad de los clientes que ha ‘desfilado’ por la sala ha renunciado a cualquier cantidad, al haber sido ya indemnizada, y sobre todo porque Banco Santander no ha comparecido en la causa como acusación particular y tampoco se sabe si la entidad es la principal perjudicada o hay también otras aseguradoras.
“Si Santander se siente perjudicado debería reclamar en el proceso civil correspondiente, al margen de la causa penal que se ha visto estos días en el tribunal”, ha resumido la defensa del acusado con el sentir unánime del resto de letrados de la defensa.
‘A DEVOLVER’
Lo llamativo del caso es que si el tribunal estimara finalmente la pretensión de las defensas, en términos de declaración del IRP, al acusado, E.F.F, podría tocarle ‘a devolver’ la práctica totalidad de los 16.000 euros que antes del juicio consignó en vía judicial para hacer frente al pago de las indemnizaciones y que, paradójicamente, le ha servido también para lograr una rebaja de la pena de cárcel al serle aplicadas las atenuantes de reparación del daño y moral.
El encausado confeso, que carece de antecedentes penales, entró a trabajar en febrero de 2020 en Tres Telemarketig, encargada de formalizar contratos para Vodafone, lo que le daba acceso a las bases de datos con información personal de clientes a través de la plataforma Smart de dicha mercantil.
Inicialmente, su trabajo lo realizaba en la trastienda de un establecimiento de Phone House en la calle Mantería y más tarde en una oficina situada en la calle Don Sancho, hasta la finalización de su contrato en marzo de 2021.
Pues bien, en ese periodo el acusado accedía a la plataforma en la que figuraban los datos de los clientes para, tras seleccionar posibles víctimas, fundamentalmente personas de edad avanzada y con cuenta asociada al Banco Santander, servirse de dicha información personal para, a través de un prolijo proceso, lograr la duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas.
A partir de ahí, E.F.F. realizó, en beneficio propio, cargos fraudulentos en nombre de los perjudicados en distintos cajeros–en el caso de una de las víctimas se contabiliza una treintena de operaciones–, a la vez que efectuó numerosas compras en comercios de la provincia.
El acusado no pudo continuar realizando los hechos al ser trasladado de puesto de trabajo, perdiendo la posibilidad de acceso a la base de datos.
Fue el 15 de junio de 2021 cuando la policía efectuó un registro en el domicilio del acusado, en la calle Costada Dorada de la capital, que compartía con sus padres y una hermana y donde los agentes se incautaron de varias prendas que portaba cuando realizaba los reintegros en los cajeros automáticos, dos de los teléfonos móviles para realizar los duplicados de tarjetas SIM de las víctimas, junto con imágenes correspondientes a la documentación de terceras personas y cuentas bancarias.
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