ZAMORA, 21 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Zamora y el Colegio de Ingenieros Industriales han firmado un convenio para reducir el proceso administrativo para la concesión de una licencia industrial de meses a días.
Un “ambicioso” objetivo que han formalizado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el decano del colegio oficial, José Luis Merchán. A partir de ahora, los promotores que lo deseen (se trata de un servicio voluntario) podrán acudir al Colegio para que los trabajadores del mismo realicen una especie de “resumen” del proyecto industrial, que será después evaluado por el funcionario público de la Diputación. Estudiar ese resumen, en lugar de analizar todo el proyecto, permitirá agilizar la tramitación, han confiado ambas partes.
“Desde este momento, los proyectos que entren a la Diputación vendrán con un informe y una propuesta de resolución del Colegio oficial, que contará con los contenidos que analizan los funcionarios de la Diputación”, ha asegurado Faúndez.
El objetivo es que la resolución esté lista en el plazo aproximado de una semana, aunque las pruebas piloto que se han realizado han arrojado unos resultados satisfactorios, llegando en algún caso a los dos días de plazo desde que se registra la solicitud hasta que se obtiene la resolución correspondiente.
Actualmente, la Diputación viene tardando varios meses en resolver las solicitudes, y ello suponiendo que la documentación esté correcta y que no haya que subsanar errores, en cuyo caso los plazos se alargan. “Entendemos que demorar varios meses la resolución no es correcto y que una persona que quiere emprender no puede toparse con un tapón administrativo en la Diputación”, ha añadido el presidente provincial, Javier Faúndez.
José Luis Merchán, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, ha apuntado por su parte que llevan “cinco años intentando que las administraciones firmaran este convenio” y que ahora se conseguirá “que no existan esas idas y venidas de documentación que son habituales”.
El modelo se ha ofrecido a otras administraciones, como al Ayuntamiento de Zamora y a la Junta de Castilla y León, sin que de momento las conversaciones hayan cristalizado en acuerdos. Merchán ha recordado además que los colegios profesionales son “corporaciones de derecho público” y que cuentan con funciones delegadas por parte de la administración, razón por la cual “están capacitados para realizar estos informes”.
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