CyL mantiene en 2023 las medidas de acogida a migrantes y refugiados y reclama al Gobierno los fondos de atención a ucranianos
VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha destacado en las Cortes de Castilla y León los recursos destinados por su área al apoyo a las familias, tanto a las que tienen pocos recursos, como al apoyo a la natalidad, para lo que ha comprometido casi 20 millones de euros en nuevas ayudas.
En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Blanco ha subrayado que dentro de los presupuestos de la Consejería para 2023 uno de los tres pilares es precisamente el apoyo a las familias.
Las cuantías destinadas a la promoción y apoyo a la familia son, según Blanco, “de las que más se incrementarán el próximo año”, pues superan los 50,7 millones de euros, con 34,3 millones para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad, lo que supone “duplicar la cifra prevista en el pasado presupuesto”.
El Plan Familias de Castilla y León, puesto en marcha el anterior año, incorpora 57 medidas, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural.
En este campo tienen su encaje medidas como el programa ‘Conciliamos’ (1,8 millones de euros), el ‘Bono Concilia’ (11 millones), el programa ‘Crecemos’ (9 millones). También volverán a convocarse las ayudas para excedencia y reducción de jornada, con dos millones de euros, y se activarán las nuevas ayudas de apoyo a la natalidad, con casi 20 millones de euros, si bien la consejera no las ha detallado.
En cuanto a la atención a la pobreza, las medidas se engloban en la “Red de Protección a las Familias”, que contemplan 87 millones de euros, incluidos los 18 millones correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía, “que se ha visto reducida como consecuencia de su coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital”.
Esa “red” atiende anualmente a más de 231.000 familias, e Isabel Blanco ha destacado el apoyo que se presta mediante ayudas de emergencia social; la ampliación de la ayuda económica para que las familias puedan pagar, mientras dure la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual; el refuerzo de los equipos de inclusión social.
Además, se presupuestan 18 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, que coexistirá con el Ingreso Mínimo Vital y en la que la Junta compensará “la disminución de ingresos de las familias que percibían mayores importes por la renta” y manteniendo a las familias a las que se les ha denegado o inadmitido el ingreso mínimo, pero que, al ser perceptoras de la citada renta, se les mantiene esta prestación siempre que reúnan los requisitos para ello y lo soliciten.
Blanco ha mencionado, igualmente, 145,6 millones de euros para las diferentes prestaciones económicas que se gestionan desde la Consejería de Familia, el Bono de Urgencia Social, el reparto ordinario de alimentos, los nuevos convenios firmados con Iberdrola, Naturgy y Endesa y Repsol en relación con la pobreza energética y el Bono Social Térmico.
Para la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes el presupuesto de la Junta cuenta en 2023 con 12,6 millones de euros.
INMIGRANTES DE ORIGEN ZAMORANO PARA TRABAJAR EN LOS CUIDADOS
En este punto, Blanco ha hecho una especial mención al proyecto ‘Reto Zamora’ dirigido a atraer familias procedentes de otros países a esta provincia, preferentemente zamoranos y sus descendientes asociados a las casas de Zamora en Cuba, México y Argentina, como mano de obra cualificada en los cuidados de larga duración y se conviertan así en nuevos residentes. El presupuesto de gasto de este pilotaje será de 500.000 euros.
También se han destacado las actuaciones llevadas a cabo dirigidas a los refugiados ucranianos que han huido del conflicto bélico causado por la invasión rusa.
Los presupuestos dedican 12,6 millones de euros a integración de inmigrantes, más otros 2,8 millones procedentes de dos subvenciones directas concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para convocar subvenciones directas a refugiados ucranianos y a compensar gastos en que hayan incurrido las Administraciones de Castilla y León para atender a estas personas desde la invasión rusa de Ucrania.
3.867 ALTAS DE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS UCRANIANOS
Según Blanco, el coste para atender en 2023 a los refugiados del país eslavo que se encuentran actualmente en la comunidad serían necesarios casi 9 millones de euros. Blanco ha señalado que se contabilizan 3.867 altas de protección temporal y 252 menores ucranianos se encuentran en guarda provisional.
Sin embargo, ha advertido de que las dos subvenciones anunciadas por el Gobierno y publicadas en el BOE en agosto, todavía no se han abonado a la Junta de Castilla y León,” lo que ha impedido convocar las ayudas y, previsiblemente, deberán sumarse al Presupuesto 2023 si no llegan en breve”.
Por otro lado, ha recordado que la comunidad se comprometió en 2022 a acoger a 28 nuevos menores provenientes de Canarias que empezarán a llegar a finales de año y se está pendiente de las necesidades para 2023. En este aspecto, hay que indicar que en el periodo 2021-2022 se acogieron 27 procedentes de Canarias y 25 de Ceuta.
La consejera ha avanzado acciones para la integración de personas inmigrantes en las zonas menos pobladas de la Comunidad, de modo transversal y sinérgico dentro de la propia Administración y con otras entidades de la Comunidad.
En el ámbito de la protección a la infancia, se han programado diversas actuaciones por importe de 6,4 millones, con el objetivo prioritario de que todos los menores protegidos y especialmente los de menos de seis años, puedan crecer en un entorno familiar.
La Consejería acometerá también obras nuevas y de modernización en sus centros propios por valor de más de 3 millones de euros. Es el caso del inicio de la construcción de un nuevo centro residencial de menores en Salamanca (766.698 euros), la reforma del Zambrana en Valladolid (300.000 euros), la digitalización de los centros Gregorio Santiago, en Burgos (469.207 euros) y José Montero, en Valladolid (casi 1,2 millones de euros).
Las políticas de prevención y atención en drogas y adicciones sin sustancia cuentan con 10,3 millones de euros. Al área de prevención y reducción de los riesgos y daños se destinarán 1,8 millones. A la de asistencia e integración social de drogodependientes se designan el próximo año 6,8 millones de euros y, respecto a las adicciones sin sustancia, contará con 389.520 euros en 2023.
Las políticas de juventud concentran cerca de 24 millones de euros, con un aumento de más del 20 por ciento, y se ejecutarán conforme al nuevo Plan Estratégico, orientado a cuatro líneas de trabajo: fomento del empleo juvenil, información, participación del tejido asociativo juvenil y ocio y tiempo libre.
Dentro de este ámbito, se pretende además dar protagonismo a la juventud del medio rural ya que consideran que constituye un “pilar fundamental” en el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
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