VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)
La totalidad de los operadores judiciales participará el próximo día 2 de diciembre en la convocatoria de una concentración para reclamar la ejecución del Campus de la Justicia, proyecto largamente acariciado en la capital para el que los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida de 200.000 euros para 2023.
Dicha concentración se celebrará finalmente, a partir de las 12.00 horas, ante las puertas del Colegio El Salvador, el inmueble situado en la Plaza de San Pablo que ha sido elegido para albergar dicha infraestructura, y a la misma, entre otros, ya han confirmado su asistencia los decanos de los abogados y procuradores de Valladolid, Javier Martín y Mar Abril, respectivamente, y el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza.
Precisamente, este último fue el que hace unos días compareció públicamente para anunciar la convocatoria de esta movilización en lo que calificó como una “Cuestión de Ciudad” y exigir a la ministra del ramo, Pilar Llop, que actúe de forma decidida para desatascar la materialización de una infraestructura que considera “vital”.
Carranza ya avanzó que a la concentración se sumarán los distintos operadores judiciales, entre jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, el Instituto de Medicina Legal, secretarios de la Administración de Justicia y funcionarios.
El presidente de la Audiencia de Valladolid recordó que esta infraestructura ha sido reclamada de forma unánime por la corporación municipal vallisoletana y ha valorado también el esfuerzo y compromiso con la Administración de Justicia demostrado por el Ayuntamiento, en referencia a que puso a disposición del Ministerio del ramo parcelas por valor de diez millones de euros, la del propio Colegio de El Salvador, valorada en siete millones, y la de la Seguridad Social, valorada en unos tres millones.
“Ahora es el Ministerio de Justicia al que corresponde recogerlas y ejecutar el Campus o la Plaza de la Justicia, como yo la llamo, conforme se había comprometido”, reclamó Carranza, quien insistió en la necesidad de contar con una infraestructura de este tipo, no solo para los profesionales del sector, sino también para evitar el “peregrinaje” actual de los ciudadanos de Valladolid por siete u ocho sedes judiciales distintas.
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