VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria para los exaltos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, así como para seis empresarios, por las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales (‘La Perla Negra’) en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse.
Tras veinte sesiones de juicio entre los pasados días 26 de febrero y 8 de mayo de 2024 y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dado a conocer su fallo en el que, a través de 309 páginas, acuerda condenar a los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández y al exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, así como a los empresarios Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3 ;Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo (PEP); y según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de ‘La Perla Negra’, a fin de concentrar en un único edificio administrativo todos los servicios de apoyo a las empresas, como la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en Portillo fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, los dos primeros desde la Viceconsejería de Economía en distintas etapas y el tercero como gerente entonces de Gesturcal, con la intención de “facilitar las ilícitas” pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos.
“Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido, pero si de verdad no estaban de acuerdo con sus decisiones lo tenían fácil, pudieron dimitir y no ejecutar los hechos”, apuntó en su informe final la fiscal Ana Valle para rebatir la “obediencia debida” alegada por las defensas de los altos cargos acusados.
La fiscal, como luego coincidirían las otras dos acusaciones, la popular ejercida por el PSCyL y particular de la Junta, mostraron su convencimiento de que Delgado, Hernández y Sacristán, desde los distintos cargos que ostentaban, se concertaron para que a través de las citadas operaciones salieran beneficiadas Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba, la primera de ellas propietaria de ‘La Perla Negra’ vendida a la Junta y también impulsora, junto con las otras dos mercantiles, del polígono de Portillo.
En el caso del proceso de arrendamiento de ‘La Perla’ y posterior venta por importe de 52 millones más IVA, apuntaron que las irregularidades se produjeron desde un primer momento ya que la empresa adjudicataria, Urban Proyecta, dispuso de información privilegiada al acceder al pliego de condiciones antes de que fuera publicado en el Bocyl el 30 de diciembre de 2005.
Las tres acusaciones coincidieron en que a lo largo de la tramitación del alquiler y la compra de ‘La Perla’ se cometieron infinidad de irregularidades, no sólo porque los ‘papeles’ no pasaron por el Consejo de Administración de ADE y luego Gesturcal sino también porque muchas de las obras para su distribución interna fueron abonadas por la sociedad pública pese a que ésta no fue la que encargó las mismas y no exista expediente que avale su adjudicación.
También en el proceso de compra de parcelas en Portillo, los acusadores consideraron probado que todos los acuerdos perseguían beneficiar a las mercantiles de los encausados mediante su interposición entre los propietarios de los terrenos para encarecer su valor, con claro perjuicio para las arcas públicas, y actuando “siempre a espaldas” del Consejo de Administración de ADE Parques, sociedad que no tuvo conocimiento de la iniciativa hasta mayo de 2011 durante una sesión de rendición de cuentas.
PERJUICIOS ECONÓMICOS Y PERSONALES A LOS ACUSADOS
Las defensas en el juicio de ‘La Perla Negra’, además de solicitar la absolución de todos, aprovecharon para denunciar las “penas de banquillo” sufridas por éstos desde hace más de trece años de tramitación del proceso y los perjuicios personales y profesionales padecidos, al tiempo que atribuyeron la personación del PSCyL a su intento de sacar rédito político en busca de financiación irregular del Partido Popular que no se había podido probar. De hecho, todos pidieron la condena de la formación socialista en costas, solicitud que no ha sido estimada por el tribunal.
Los abogados de los acusados recordaron también que el primer día del juicio las acusaciones retiraron los cargos contra Alberto Esgueva, quien fuera responsable del Área de Internacionalización de ADE, precisamente a quien consideraban la “clave de bóveda” o principal nexo entre los cargos de la Junta y los industriales encausados, lo que, a juicio de las defensas, venía a suponer la caída del proceso judicial como si de un castillo de naipes se tratara.
También reprocharon que la causa se inició en 2013 a raíz de un artículo titulado ‘El hundimiento de una empresa pública’ que derivó en la investigación de todas las sociedades pública de la Consejería de Economía y Empleo por el mero hecho de que este departamento se encontraba ocupado por Tomás Villanueva, consejero del ramo, vicepresidente de la Junta y presidente del PP de Valladolid.
Los letrados mantuvieron que la compra de ‘La Perla’, en palabras del representante de la que fue viceconsejera de Economía Begoña Hernández, fue “acertada, ordenada, lógica y correcta”, al tiempo que validaron el proceso de compra de parcelas en Portillo para desarrollar un polígono industrial, englobado en la Estrategia de Desarrollo Industrial aprobada en 2008 por la Junta.
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