VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)s
El que fuera funcionario de Gesturcal Jesús Carlón ha calificado de “disparate” total la idea de construir un polígono industrial en Portillo (Valladolid), proyecto fallido que, junto con la compra por parte de la Junta del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (‘La Perla Negra’) a un precio fuera de mercado, constituye la materia objeto de investigación en el juicio actualmente en curso en la Audiencia Provincial.
Carlón se ha convertido en el primero de los 90 testigos en declarar en el citado proceso que, en principio, se prolongará hasta el día 8 de mayo, después de que el tribunal sentenciador desestimara todas y cada una de las cuestiones previas que los letrados de los doce encausados, entre ellos los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, expusieran el primer día del juicio, el pasado día 26 de febrero, y en las que, como principal alegación, planteaban la nulidad de actuaciones.
Y es que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, a diferencia de las defensas, considera que todas las partes cuentan con la totalidad de la causa, aportada tanto en papel como en formato digital, a pesar de que siga brillando por su ausencia la certificación oficial al respecto de la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 2.
Desmontadas las alegaciones por el tribunal, incluidas, entre ellas, la falta de legitimación activa de la Junta para actuar como acusación particular, la supuesta investigación prospectiva a partir de un escrito anónimo, la prescripción de los delitos investigados o la falta de concreción de los hechos imputados a los encausados, ha comparecido el primero de los testigos, Jesús Carlón Ordóñez, exfuncionario de Gesturcal que ya en su día vio disparatada la construcción de un polígono industrial en Portillo (Valladolid).
Tal proyecto, que al igual que la compra del edificio de ‘La Perla Negra’ constituye el meollo del presente juicio, no tenía sentido para Carlón. “Me pareció siempre un disparate total porque Portillo no era cabecera de comarca ni tampoco un núcleo industrial importante”, ha denunciado el testigo.
Precisamente, Carlón fue el autor de un escrito en 2012 que ya entonces denunció la existencia de ciertas irregularidades en el proceso de fusión entre Gesturcal, ente del que fue funcionario, y ADE Parques.
El declarante, hoy con 80 años, se ha mostrado muy molesto con dicho proceso que dejó en la calle a 27 trabajadores de Gesturcal en favor de los 26 de ADE Parques, y ello a pesar de que la primera entidad había funcionado perfectamente durante 40 años y luego la llevaron “a la ruina” los de la segunda.
“A DEDO Y FAMILIARES DE POLÍTICOS EN ADE”
“Hasta 2007 todo era correcto y no había ninguna malversación entre los compañeros que trabajábamos en las nueve provincias. ADE Parques se creó más tarde con trabajadores metidos todos a dedo, familiares de políticos, y cuando se hizo un ERE en Gesturcal para la fusión los 27 empleados se fueron a la calle”, ha denunciado Carlón, quien ha precisado que él no se vio afectado por cuanto ya en 2008, a la vista de lo que estaba ocurriendo, se anticipó a pedir el finiquito.
“Yo tenía entonces 68 años y ante las barbaridades que estaba viendo llegué a un acuerdo para marcharme y pedí la baja. Ya estaban intentando largarme porque era el único funcionario que había de carrera y el único que se atrevía a decir las cosas por su nombre y que enseñaba los dientes. Me convertí en una persona molesta”, ha apuntado Carlón.
El testigo ha explicado que ante todo lo ocurrido elaboró un escrito de su puño y letra en 2012 para denunciar toda esta situación, bajo el título ‘El hundimiento impune de una empresa pública’, que inicialmente quiso publicar en periódicos de Zamora, Palencia y León pero que le fue imposible porque “entonces el periodismo no era tan libre como ahora”, aunque finalmente remitió el documento a sus excompañeros de trabajo y el contenido “se extendió por toda la región”.
Carlón ha recordado que por encima de él en Gesturcal estaban el investigado Juan Carlos Sacristán, como consejero delegado, y el que fuera director gerente, Salvador Molina, también encausado, pero ha mostrado su convicción de que ninguno de ambos debería de estar en el banquillo. “De Sacristán guardo un gran recuerdo y no creo que ni él ni Molina estén en este jaleo”, ha declarado.
Tras él han comparecido otros cinco testigos, extrabajadores de ADE que participaron en una u otra medida en el trámite administrativo puesto en marcha en 2005 para el contrato de arrendamiento con opción a compra de un edificio que aglutinara todos los edificios administrativos dispersos de la citada entidad pública.
A VUELTAS CON LA TASACIÓN
Así, quienes fueron nombrados vocales de la mesa de contratación en ADE Pilar Manteca, a la que se encomendó elaborar el informe jurídico del pliego de condiciones, y Tomás Prieto, quien realizó el informe de necesidad el 21 de diciembre de 2005, así como el que fue presidente de dicho órgano, José Antonio Mediavilla, han coincidido al señalar que antes de la publicación del concurso en el BOCyL, al que se presentó como única oferta la de Urban Proyecta, ya se comenzaron a escuchar rumores en el año 2000 sobre la necesidad que había de reunificar en un inmueble todos los servicios administrativos.
“Había rumores, no sé si ya en 2000 o más tarde, pero se estaba buscando un edificio nuevo porque el de Duque de La Victoria estaba en un estado lamentable”, ha declarado Pilar Manteca, quien ha recordado que desde su puesto de vocal asesora jurídico en la mesa de contratación en ADE participó en todas y cada una de las reuniones, sin que se percatara de irregularidad alguna.
Lo que ninguno de los testigos ha sabido explicar es por qué en un procedimiento ordinario como el presente se acordó limitar a quince días, en lugar de a un mes, el plazo para la presentación de ofertas, aunque sí han confirmado que el principal problema surgido entonces fue que la oferta de Urban Proyecta reunía los requisitos del pliego pero sin embargo se planteaban serias dudas respecto de que el precio ofertado estuviera dentro de mercado.
De ahí que inicialmente se encargó un primer informe de tasación a un órgano externo al que más tarde seguiría un segundo que, como así ha advertido Tomás Prieto, no solo no les sacó de dudas sino que dio “más dolores de cabeza”, ante lo cual, dado que no se podía dejar desierto el concurso ya que Urban reunía los requisitos, se acordó condicionar la adjudicación a una “coletilla” que exigía un tercer informe de tasación.
Al final, esa coletilla impidió que la adjudicación del contrato de arrendamiento saliera adelante y fue entonces cuando, también en una decisión que los testigos no han sabido explicar, el procedimiento administrativo pasó de ADE Parques a Gesturcal y fue en esta última sociedad pública donde finalmente se firmaría con Urban un contrato de compra del inmueble de ‘La Perla’ por un precio muy superior al barajado en la opción inicial.
Para los acusadores, la compra de ‘La Perla’ y el fallido polígono industrial de Portillo, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.
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