BURGOS, 5 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Burgos investiga a una persona como presunta autora de un delito de falsedad documental, al expedir una factura sobre la supuesta correcta gestión de unas placas de fibrocemento retiradas de un tejado desmantelado que resultó ser falsa, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Paralelamente, durante la investigación, se han confeccionado cuatro actas denuncia por carecer de la documentación y autorizaciones necesarias para acometer los trabajos de retirada, incumpliendo con ello la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y también la medioambiental relativa a la gestión de los residuos generados.
Los hechos se remontan al pasado año 2024 cuando la Comandancia de Burgos detectó una proliferación de vertidos, con acúmulo de planchas de fibrocemento, por distintos parajes de la provincia, de ahí que el Seprona de la Guardia Civil iniciara una campaña de control de residuos peligrosos para tratar de erradicar estas prácticas prohibidas de abandono de este material en parajes abiertos.
A tal efecto, se intensificó el control de obras susceptibles de retirada de estas cubiertas de uralita, con la finalidad de garantizar su correcta gestión e evitar el vertido incontrolado de las mismas. En una de estas acciones de verificación durante el pasado verano en La Ribera, se inspeccionó una obra en la que se había retirado un tejado de uralita.
Al requerir a la empresa contratada la documentación necesaria para realizar esos trabajos y la correcta gestión de las placas de fibrocemento, ya que una vez desmontadas del tejado las planchas se consideran residuos, no pudo mostrarla por carecer de las autorizaciones necesarias.
No obstante, señalaron a una segunda empresa a la que la habían encargado dicha gestión, sis bien las pesquisas practicadas, dirigidas hacia el control de la trazabilidad de esos residuos peligrosos, arrojaron que dicho material no había sido entregado en centro autorizado alguno para su tratamiento, aunque por parte de dicha empresa se emitió una factura en concepto de gestión, que resultó ser falsa, por lo que su responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Paralelamente, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona y que ha contado con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han detectado diversas irregularidades constitutivas de infracción por parte sendas empresas implicadas, por lo que se han confeccionado cuatro actas denuncia por incumplimientos a la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y a normativas medioambientales relativas a la gestión de los residuos generados.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La utilización y comercialización del amianto está prohibida en España desde el año 2002; todos los edificios construidos anteriormente que contengan amianto podrán seguir utilizándose hasta el fin de su vida útil.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada, debiendo estar gestionados las instalaciones con mayor riesgo antes de 2028.
Para poder manipular el amianto, las empresas deben cumplir una serie de requisitos, como estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y contar con un Plan de Trabajo aprobado por las autoridades de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, los empleados que retiren el amianto deben haber pasado una vigilancia médica y la empresa debe proporcionarles los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos. Finalmente, el material retirado, debe ser embalado y etiquetado para su entrega en un vertedero de residuos peligrosos homologado.
Todos estos requisitos encarecen la retirada de este tipo de material, dándose el caso de que ’empresas piratas’ falsifican la documentación necesaria, obviando las medidas de seguridad laboral necesarias y eliminando el material retirado mediante su vertido incontrolado, evitando así los altos costes de su adecuada gestión.
Estas conductas, que suponen un perjuicio para las empresas que cumplen la normativa, implican un riesgo para la salud de los trabajadores, además de un perjuicio al medio ambiente. En muchos casos, estos acopios ilegales de uralitas son abandonados en terrenos públicos o privados, recayendo la responsabilidad de gestión en terceras personas, en muchos casos sobre los Ayuntamientos de la provincia, con el consiguiente perjuicio económico que esto supone.
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