El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido hoy en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha trasladado la necesidad de contar con un nuevo modelo de Financiación Autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos, disponer de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, defender el mantenimiento de los fondos de la PAC en la negociación del nuevo modelo, así como medidas concretas que permitan una transición energética justa y ordenada. Además, Herrera ha reclamado acciones que mejoren la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la mejora de las infraestructuras y cuestiones relativas al desarrollo estatutario de Castilla y León.
Juan Vicente Herrera ha trasladado al presidente del Gobierno las prioridades de Castilla y León en un encuentro al que el presidente ha asegurado acudir con la voluntad de cooperación, lealtad institucional y en defensa de los intereses de la Comunidad. Prueba del valor que la Junta de Castilla y León otorga al diálogo es que muchos de los temas tratados con el presidente han sido previamente consultados a los grupos parlamentarios y han sido objeto de distintos acuerdos políticos, sociales o institucionales.
Financiación Autonómica
La extensión del territorio de Castilla y León y su escasa población -en buena parte distribuida en el medio rural- son circunstancias que dificultan y encarecen la prestación de los servicios públicos y eso determina la urgente e inaplazable necesidad de una reforma de la Financiación Autonómica. Según ha señalado Juan Vicente Herrera, el vigente sistema ha sido incapaz de aportar los recursos suficientes y ha obligado a las comunidades a incurrir en déficits y endeudamientos imposibles, por lo que es imprescindible la reforma y corrección de los déficits actuales de lo que depende la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.
Los principios que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes de 2017, así como por la comisión de expertos que fue constituida a tal efecto, son los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. Estos principios son coherentes con el Pacto de Comunidad suscrito en abril de 2016 por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y compartidos con otras comunidades autónomas.
Para el presidente de la Comunidad, el nuevo modelo se debe formular a través de un cauce multilateral que parta de la evaluación del modelo actual y de definir un catálogo de servicios y un nivel de prestación iguales para todos los españoles, vivan donde vivan. Ha de corregir déficits, dotando al sistema de mayores recursos y garantizando los suficientes para financiar todos los servicios de competencia autonómica, tanto ahora como en el futuro.
Necesita responder a las circunstancias que objetivamente condicionan y aumentan el coste efectivo de prestar dichos servicios en el territorio, muchas de las cuales son de índole sociodemográfica (superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento de la población). Y además, ha de valorar de manera especial la financiación de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia.
La Sanidad es el servicio más afectado por las deficiencias del modelo vigente y conlleva la mayor partida del gasto autonómico. Es, además, el área del presupuesto que acumula más tensiones de crecimiento, por el carácter inelástico de su demanda y por la influencia de factores como las veloces innovaciones en tecnologías y medicamentos o como el envejecimiento: Castilla y León plantea que ha de tenerse en cuenta la influencia del envejecimiento de la población, estimándose que el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto más joven. Por ello, la Comunidad reclama que en la financiación de la Sanidad se revisen los pesos de los grupos de edad y se cree un nuevo grupo de mayores de 85 años.
En cuanto a la Educación, la igualdad entre el medio rural y el urbano exige un sobreesfuerzo económico, pues educar en el medio rural es entre un 40 % y un 50 % más caro que hacerlo en el urbano.
En relación a la Atención a la Dependencia, es preciso incorporarla al modelo de financiación y hacer efectivo el reparto de costes previsto de 50 %-50% entre comunidades y Estado, en lugar del 80 %-20% en perjuicio de Castilla y León, como sucede ahora.
Además, Herrera ha reclamado avanzar en la reforma de la financiación local que tenga en cuenta las condiciones y necesidades especiales de los pequeños municipios.
Estrategia Demográfica
Castilla y León es una comunidad de contrastes, con mucho territorio y proporcionalmente poca población. Estas condiciones que comparten otras comunidades autónomas llevaron a que en la última Conferencia de Presidentes se reconocieran como problema de Estado ‘los retos demográficos’ y se comprometió una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que Juan Vicente Herrera ve necesario impulsar por parte del Gobierno.
Desde la Comunidad, se ha afrontado este problema en el ámbito interno a través de una Agenda para la Población, con medidas de estímulo para familias, jóvenes, personas migrantes y medio rural. En el ámbito nacional, impulsando con Gobiernos autonómicos de distinto signo una visión común del problema a través del ‘Foro de Comunidades con desafíos demográficos’. Y en el ámbito de la UE, participando en la ‘Red Europea de Regiones’ y liderando la petición de una Estrategia Demográfica Europea ante el Comité de las Regiones.
Entre las medidas que Castilla y León ve necesario incluir está la regulación de una fiscalidad especial para los núcleos rurales que mejore el régimen tributario de sus empresas; la creación de un fondo específico de desarrollo territorial que garantice igualdad entre mundo rural y urbano; y medidas industriales que supongan el apoyo del Gobierno (a través del programa ‘Reindus’ y otros) a los proyectos industriales que se acojan a los Programas Territoriales de Fomento que está impulsando la Junta para reindustrializar las cuencas mineras, las zonas con retos demográficos o con cierres o deslocalizaciones graves, así como introducción de rebajas en el suelo industrial titularidad de SEPES. Igualmente, se reclaman medidas para jóvenes, como la mejora del sistema de Garantía Juvenil y potenciación del sistema de FP Dual, iniciativas para el acceso a la vivienda en el ámbito rural, extensión de la banda ancha en todo el territorio y especialmente se solicita al Gobierno que defienda ante la UE la necesidad de que todas sus políticas y fondos (PAC y Cohesión) tengan la perspectiva de los desafíos demográficos de Europa y que impulse la Estrategia Ibérica acordada en la reciente Cumbre celebrada con Portugal en Valladolid.
Medio rural y PAC
El sector agrario y agroalimentario es fundamental y estratégico para Castilla y León, con un peso del 10 % del PIB que dobla el nacional, por lo que para la Comunidad tiene un especial interés el futuro de la Política Agraria Común, ya que es la segunda que más fondos recibe en España, con casi 70.000 beneficiarios directos y 1.100 millones de euros al año. Ante su próxima reforma, Castilla y León ha planteado una posición de Comunidad con un general respaldo del sector y de los grupos parlamentarios que establece como prioridad el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC y defender que queden fuera del nuevo modelo las propuestas de reducción de pagos directos y de desarrollo rural. En la posición que defienda España es necesario que se contemplen mejoras en la financiación y la creación de una partida específica para activar la economía en las áreas rurales más despobladas. Según ha trasladado el presidente de la Comunidad, es preciso que la PAC mantenga la consideración explícita de política europea común.
Herrera ha asegurado que el nuevo modelo debe potenciar las medidas orientadas a la incorporación de jóvenes y dar un mayor protagonismo a la mujer. Igualmente, ha reclamado una mejor orientación de las ayudas en las que se detallen mejor los beneficiarios preservando la definición de “agricultor genuino”, conservando esta definición europea al modelo de explotación agraria familiar, de carácter individual o asociativo, en la que el agricultor trabaja y vive directamente de la actividad agraria. También es preciso que se compatibilice la sostenibilidad ambiental de la agricultura y ganadería con la rentabilidad de las explotaciones y que se garantice la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria fomentando las relaciones entre productor, transformador y distribución, y fortaleciendo las relaciones contractuales.
Además, el presidente de Castilla y León ha reclamado al Ejecutivo central la implantación de las medidas preventivas e indemnizaciones por daños producidos por el lobo a la ganadería extensiva, grave problema en amplias zonas de la Comunidad, conforme a la reciente Decisión de la Comisión Europea.
Transición energética
Otro de los principales temas que el presidente de la Junta ha abordado en su encuentro con Pedro Sánchez ha sido el de la necesidad de que la transición energética sea verdaderamente ordenada y justa. Por este motivo, Herrera ha trasladado su inquietud por el anuncio de la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión en 2040, un anuncio con efectos muy negativos en varios de los sectores más estratégicos para Castilla y León: la industria del automóvil, el sector agrario, el transporte y parte del sector servicios. Ante esta situación, Juan Vicente Herrera ha solicitado al Gobierno que establezca una planificación realista y responsable que prevea las pertinentes líneas de ayudas coordinando adecuadamente su política medioambiental y su política industrial.
En cuanto a la minería del carbón, Castilla y León cuenta con cuatro minas de carbón operativas y ocho grupos térmicos de carbón operativos en cuatro centrales térmicas que suponen 1.100 puestos de trabajo directos, sin contar con el empleo indirecto e inducido. Herrera ha señalado que este tejido económico se encuentra afectado por una exigente pero no insuperable normativa europea y ha insistido en la compatibilidad de la pervivencia de una reserva de carbón autóctono con la lucha contra el cambio climático. Por este motivo, ha solicitado al Gobierno de España que reconsidere aquellas medidas y planteamientos que cercenan las posibilidades del carbón autóctono, al someterlo a mayores impuestos que al gas y al prever un plazo de descarbonización (2025) menor que el exigido por la Unión Europea (2030). Es prioritario evitar el cese inmediato de la actividad extractiva que va a producirse en unas semanas y el de la actividad de las térmicas antes de junio de 2020. Además, ha solicitado la planificación de las medidas necesaria para promover una transición justa y no un desplome abrupto, para lo cual solicita un mix energético nacional, medidas para flexibilizar la devolución de las ayudas de Estado por las explotaciones de carbón competitivas y considerar “reserva estratégica” la producción de las cuatro minas existentes en Castilla y León y el apoyo al mantenimiento de centrales térmicas con inversiones ya iniciadas, como es el caso de La Robla, e intento de reversión de la decisión de cierre de Compostilla.
En cualquier caso, el presidente ha reclamado en este punto que el Gobierno impulse un Plan estatal de alternativas para las comarcas mineras que evite abocar a la despoblación a un 10 % del territorio de Castilla y León. Ese plan debería incluir actuaciones como:
– La previsión de proyectos industriales que generen, al menos, 2.000 puestos de trabajo para paliar la pérdida de empleo en Castilla y León.
– La prioridad para los trabajadores afectados en los trabajos de desmantelamiento y de restauración de las instalaciones.
– La prioridad de las zonas afectadas en la aplicación del Fondo de Transición de la UE, en especial para el desarrollo de alternativas energéticas en proyectos de biomasa, que son intensivos en inversión y generación de empleo (450 empleos previstos en el proyecto de Cubillos del Sil que está apoyando la Junta) y satisfacen fines como la limpieza de los bosques. Centrales de bombeo, como la de Navaleo (Torre del Bierzo) o los proyectos de Fabero y Velilla del Río Carrión, que tienen el valor añadido de depurar aguas contaminadas procedentes de minas clausuradas y de permitir el almacenamiento de energía. Y proyectos industriales vinculados a la producción de energía eólica.
– Convocatoria de subastas específicas para tecnología de biomasa, restringidas a los municipios mineros.
– Relanzamiento de la CIUDEN, para enfocarla a la captura de CO2 industrial y para añadir a sus objetivos la reutilización del CO2.
– Un Plan de Restauración de antiguas explotaciones mineras.
– Cesión al Ayuntamiento de Ponferrada del Museo de la Energía y financiación de la creación del Museo de los Caminos de Santiago con 5,5 millones de euros, tal y como se había comprometido el anterior Gobierno.
– Es preciso que el Gobierno reconsidere el reparto de los 133 millones de euros previstos en 2019-2023 para proyectos de infraestructuras del Plan 2013-2018 en los municipios mineros. Castilla y León aspira, como mínimo, al 40 % de los fondos (frente al 31,3 % asignado) como comunidad más perjudicada por los cierres previstos. Esa subida al 40 % permitiría acometer dos proyectos inacabados con origen en planes anteriores, a los que la Junta otorga la máxima prioridad: el Polígono Industrial de Carrocera y la Variante de Guardo.
Sostenibilidad y mejora del Estado de Bienestar
Castilla y León viene obteniendo excelentes resultados en las valoraciones externas de los servicios que gestiona. Ese interés por la buena gestión de los servicios ha llevado al presidente de la Junta a plantear propuestas concretas al Gobierno.
En materia de Sanidad, ha solicitado al Gobierno que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aborde la repercusión sobre los presupuestos de decisiones estatales como el acceso universal al Sistema Nacional de Salud o la planteada supresión de copagos en la prestación farmacéutica. Ante el problema nacional de déficit de médicos de Atención Primaria, se insta a la planificación e impulso de la formación de un mayor número de alumnos de Medicina, que dé respuesta a las necesidades de falta de médicos de los próximos años.
En el ámbito educativo, Herrera ha solicitado al presidente del Gobierno que retome la búsqueda de un pacto de Estado político, social y territorial en esta materia que tenga en cuenta el parecer de las comunidades autónomas. También ha trasladado la necesidad de una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única y simultánea en toda España que evite la incongruencia de 17 pruebas diferentes para un distrito universitario único.
En relación a los Servicios Sociales, el presidente de la Junta ha planteado la necesidad de mejorar la coordinación entre Estado y comunidades autónomas en los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, así como culminar la puesta en marcha de la Tarjeta Social dirigida a mejorar la orientación laboral de los usuarios de los Servicios Sociales.
Otro de los aspectos requeridos al Gobierno es la necesidad de que cualquier mejora que se impulse en la financiación de la Atención a la Dependencia se produzca a través del nivel mínimo que tiene en cuenta el coste real de los servicios.
Igualmente, se ha reclamado que el Gobierno concrete el anuncio de modificación del vigente Plan Estatal de Vivienda en cuanto al incremento del Parque de Alquiler Social, así como aumentar las ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana.
Extensión del territorio e infraestructuras
La extensión del territorio de Castilla y León determina necesidades en materia de infraestructuras de comunicación que contribuyan a una mayor cohesión territorial. A pesar de los avances de los últimos años, existen numerosos proyectos que no avanzan o lo hacen de modo insuficiente, por lo que el presidente de la Comunidad ha trasladado al jefe del Ejecutivo las principales reivindicaciones:
Con respecto a las autovías, se mantiene la necesidad y urgencia de acometer sin más demoras la culminación de la Autovía del Duero (y, en especial, la conexión de Soria con Aranda de Duero); todos los tramos de la Autovía A-60 entre León y Valladolid; los tramos aún pendientes de la Autovía del Camino de Santiago, la Ponferrada-Orense y la Burgos-Aguilar de Campoo, así como la finalización de la Autovía de Castilla en su conexión con la frontera portuguesa, además de culminar el cierre de la circunvalación de León y la de Segovia.
En relación a la Alta Velocidad, en la red Norte y Noroeste, es imprescindible fijar la fecha definitiva de la llegada del AVE a Burgos y garantizar la continuidad de las obras proyectadas hacia Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia.
Sobre el ferrocarril convencional, es necesaria una solución definitiva a la integración de FEVE en León; completar la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro; impulsar la plena recuperación, al menos para mercancías, de la línea Madrid-Aranda-Burgos; y acometer el proyecto de corredor de cercanías Medina del Campo-Valladolid-Palencia.
En cuanto a las conexiones ferroviarias e infraestructuras logísticas, la Junta ha instado al Gobierno a participar en las infraestructuras de soporte (ramales ferroviarios) para los nuevos proyectos industriales que se van a impulsar en áreas como el Parque Tecnológico de Burgos y Villadangos del Páramo, y también a que impulse la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros.
Con respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones, Juan Vicente Herrera ha manifestado la necesidad de que el Gobierno establezca un cambio de modelo que garantice el acceso a Internet en el medio rural con medidas como definir las zonas consideradas como “fallo del mercado” y limitar los precios máximos de los servicios mayoristas, recuperar las ayudas a las tecnologías de 30 Mbps en municipios pequeños, que el Gobierno acelere la ejecución del Programa estatal ‘Aulas Conectadas’ y aprovechar este programa para hacer llegar la banda ancha ultrarrápida, además de a la escuela, a otros puntos vitales de los pequeños municipios, como ayuntamientos, empresas, suelo industrial, centros sanitarios y sociales mediante un convenio de colaboración en el período 2020-2021 con una aportación estimada del Gobierno de 50 millones de euros y de 25 millones de euros por parte de la Junta.
En materia de infraestructuras agrarias trascendentales para la competitividad del sector agroalimentario, las principales reclamaciones son:
En cuanto a regulación hidráulica, es preciso el inicio inmediato de las inversiones de regulación adicional en la zona del Órbigo, balsas de La Rial y Los Morales, en León. La finalización de los trámites ambientales para desarrollar las regulaciones adicionales en la zona del Carrión, en Palencia (Presas en La Cueza), y poder iniciar las obras e impulsar la tramitación ambiental de la presa de Lastras de Cuéllar en el Cega, en Segovia. Estas actuaciones suponen una inversión futura de 247 millones de euros, de los cuales 60 millones (Órbigo) deberían ponerse en marcha de manera inmediata.
En nuevos regadíos, es necesario el inicio inmediato de las inversiones comprometidas anteriormente por el Ministerio para avanzar en el desarrollo de la transformación de regadíos de Payuelos, en León, (53,6 millones de euros) y las obras de la administración hidráulica para completar la transformación de La Armuña, en Salamanca, (7,79 millones de euros).
En la modernización de regadíos, es preciso incluir actuaciones de modernización de regadíos en 9 comunidades de regantes de Castilla y León en el próximo convenio del Ministerio con SEIASA, con una aportación del capital social a dicha sociedad de 41 millones de euros.
Y en cuanto a las infraestructuras culturales, es necesaria la agilización de los trámites para la adaptación del Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado y nueva sede del Museo de Ávila; culminar el proyecto básico y licitación del proyecto de rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción como Archivo Histórico Provincial de Burgos, así como la rehabilitación integral de la Biblioteca Pública de Valladolid.
Desarrollo estatutario
En el marco de la defensa de la multilateralidad como fórmula común de acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, el presidente de la Junta ha solicitado la celebración de una nueva Conferencia de Presidentes. Asimismo, y dentro de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Juan Vicente Herrera ha solicitado para la segunda quincena de enero una nueva convocatoria de la Comisión de Cooperación entre Castilla y León y el Estado para tratar, entre otras cuestiones, la coordinación de las actuaciones de ambas administraciones en materia de convergencia interior, con el objetivo de eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre los territorios de la Comunidad. Igualmente, se requiere estudiar la posibilidad de que la Comunidad tenga mayor peso y presencia en los distintos órganos de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y por último, analizar los traspasos de competencias pendientes.
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