El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha asegurado hoy que la Comunidad sigue avanzando en el apoyo y colaboración con el Tercer Sector, reforzando su participación en la contratación pública, para lo que se está trabajando en un Decreto de concertación social y ampliando la participación de estas entidades en el Consejo de Acción Social a través de dos nuevas secciones.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado hoy la jornada ‘Colaboración entre el Tercer Sector y la Administración. Avance en derechos y servicios’, que ha reunido a cerca de 400 representantes del Tercer Sector, profesionales de los servicios sociales, de las corporaciones locales o de empresas, todos ellos relacionados con ámbitos como la dependencia, discapacidad, personas mayores, infancia, mujer o las drogodependencias.
Ante este foro, el presidente ha destacado que el Tercer Sector de acción social en Castilla y León, formado por cerca de 3.200 entidades, constituye un activo fundamental en la sociedad de la Comunidad porque contribuye a la creación de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada; responde de manera adecuada a las necesidades sociales; canaliza un importante capital social y humano; desarrolla una actividad económica importante que genera retorno económico y también social y ha participado, participa y complementa el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.
La colaboración con el Tercer Sector, junto con la participación de Junta y las entidades locales, ha sido decisiva para que hoy en día, y según señalan informes nacionales independientes, el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León se encuentre a la vanguardia en España. Según el ‘Informe DEC2017’, Castilla y León obtiene la mejor calificación de España entre las comunidades de régimen común en el desarrollo de sus Servicios Sociales, situándose dos puntos por encima de la media nacional; ocupa la segunda posición total en España incluyendo a las comunidades forales; muestra un sistema equilibrado en todas sus dimensiones y es una de las comunidades más eficientes en la relación gasto-resultados.
Haciendo un repaso por algunos de los avances logrados en materia de Servicios Sociales en Castilla y León y en los que la participación de las entidades del Tercer Sector ha sido fundamental, el presidente ha recordado, entre otros, la Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con Discapacidad de 2013; el protocolo para impulsar el modelo de mejora de la atención a las personas con discapacidad de 2015; el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León 2016-2020; el desarrollo de programas para la atención a las personas con discapacidad como los de asistencia personal, itinerarios de inserción o promoción de la autonomía personal; los acuerdos adoptados en dependencia; la aprobación de la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica o los proyectos de ley sobre perros de asistencia y el de voluntariado, ambos actualmente tramitándose en las Cortes de Castilla y León.
De hecho, según ha resaltado el presidente, ha sido en los peores momentos de la crisis económica, cuando esa importante colaboración ha demostrado su fuerza. Así surgió la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, que contó con el consenso de todos: diálogo social y político y con la participación de la Junta, entidades locales y Tercer Sector. Este año 2018 esta Red cuenta con un presupuesto de 207 millones de euros para atender a 200.000 personas.
Retos de futuro para apoyar al Tercer Sector
En el marco de la jornada sobre la colaboración entre el Tercer Sector y la Administración y de lo que esto ha supuesto en cuanto a avances en derechos y servicios, el presidente de la Junta se ha referido a varias actuaciones de futuro encaminadas a apoyar al Tercer Sector.
La primera sería un nuevo decreto de concertación social con el que reforzar el derecho de participación de la iniciativa privada en la contratación de servicios sociales y en el que se priorizarán los criterios sociales respecto a los económicos en la prestación de dichos servicios. Esta idea ya se recoge en la Ley de Contratos, junto a la posibilidad de que las comunidades autónomas concierten servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, pero siempre respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.
En segundo lugar, está previsto modificar el Decreto de participación del Consejo de Acción Social para crear dos nuevas secciones, una de seguimiento de la Red de Protección y otra de colaboración con el Tercer Sector. Estas secciones permitirán seguir reforzando el dialogo abierto con estas entidades y seguir contando con sus opiniones para orientar las políticas sociales.
En tercer lugar se encuentran las nuevas directrices de las clausulas sociales. En la actualidad la contratación socialmente responsable liderada por la Junta de Castilla y León han logrado que se incorporen cláusulas sociales en cerca del 82 % de la contratación de 2017.
Para reforzar aún más esta contratación pública socialmente responsable se aprobará un nuevo Acuerdo en materia de responsabilidad social para que los contratos de la Administración Autonómica tengan una cláusula social, ampliando los porcentajes de reserva y trasladando la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable a otros ámbitos del gasto público, como son las subvenciones públicas y los convenios, todo ellos con la intención de seguir potenciando la actividad de los centros especiales de empleo de iniciativa social así como las empresas de inserción. Junto a esto, se dará opción a que la empresa ordinaria, a través de la contratación pública y la puesta en marcha de proyectos de inserción, incorpore a personas en situación de vulnerabilidad en determinadas adjudicaciones de obras, además de impulsar que esta contratación socialmente responsable se extienda a todas las administraciones públicas.
Por último, la futura Ley del Diálogo Civil, cuyo Proyecto asimismo está en las Cortes, va a reforzar también la capacidad de participación de todos estos colectivos en las normas, planes y decisiones de competencia de la Junta.
La jornada
El objetivo de este foro celebrado hoy es el de compartir perspectivas, sensibilidades e inquietudes respecto a la colaboración entre la Administración Pública y el Tercer Sector.
La Jornada ha contado con los testimonios de participantes en los Servicios Sociales prestados precisamente gracias a la colaboración entre Administración y entidades del Tercer Sector. Asimismo, se han celebrado dos mesas redondas, una con representantes de estas entidades de Castilla y León y otra con representantes nacionales, y en las que se analiza esta colaboración tanto desde la perspectiva autonómica como desde la nacional.
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