VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)
La Fundación Franz Weber ha demandado este lunes a la Junta de Castilla y León la suspensión de la caza entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, al menos, coincidiendo con las vacaciones escolares en la comunidad, con el objetivo de proteger a las personas menores de edad de la exposición a la violencia y de los riesgos asociados.
Realiza esta petición en el marco de la Observación General nº26 del Comité de los Derechos del Niño y su recomendación sobre no exponer a las personas menores de edad a la violencia, también la ejercida sobre animales: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.
Los naturalistas explican que durante estos periodos es habitual un incremento del turismo interior, estatal y del resto de Europa que aprovecha para realizar actividades también al aire libre, como podrían ser rutas de senderismo, alojamiento en establecimientos rurales o deportes variados relacionados con la naturaleza. Además, recuerda, muchas familias renuncian a este tipo de ocio al considerar que se ponen en peligro durante las jornadas de caza.
Las denuncias por aparición de cartuchos en senderos son habituales, ante la pasividad de la administración, generando sensación de impunidad.
DECENAS DE VÍCTIMAS
De acuerdo con los datos de la Guardia Civil, en el periodo 2007-2020 se reportaron decenas de incidentes relacionados con cacerías, suponiendo al menos 62 víctimas de diversa consideración, entre ellas seis personas muertas.
FFW advierte que este número de víctimas sería inasumible si se hablara de ciclismo, senderismo o incluso montañismo, por lo que considera irreal hablar de una supuesta compatibilidad de la caza con cualquier otra actividad en el medio natural.
La ONG naturalista reclama normativizar esta prohibición de cazar durante los periodos vacacionales escolares, con el objetivo especial de proteger a la infancia y la adolescencia.
Esta propuesta, añade, sería muy sencilla de aplicar y desde el terreno naturalista urge al Ejecutivo regional a que tome decisiones basadas en la seguridad pública y los derechos de la infancia y la adolescencia.
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