VTLP y Ecologistas en Acción piden 11 de inhabilitación e indemnizaciones por importe de más de 11 millones de euros
VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cinco encausados por un delito continuado de prevaricación en el caso ‘Meseta Ski’, el fallido Complejo de Ocio y Aventura en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas, impulsado por la Diputación Provincial, que empezó con un presupuesto de 4 millones de euros que se disparó hasta los casi 12.
Así se recoge en el escrito de calificación provisional de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que figuran el todavía alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno; el exalcalde de Villaverde de Medina y exdiputado provincial, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa; el arquitecto de Sodeva, Valentín González, y el arquitecto director de la obra, Santiago González.
En la causa, que habrá de juzgar en su día la Audiencia de Valladolid, se encuentran también personados como acusación popular Valladolid Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción, que, a diferencia de la acusación pública, no acusa a Santiago González ni aplica la atenuante de dilaciones indebidas y solicita el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid acordó continuar la tramitación de las diligencias previas por presunto delito continuado de prevaricación en marzo de 2022, después de que la Audiencia Provincial, un mes antes, ordenara la reapertura de las mismas, estimando así parcialmente el recurso formulado conjuntamente por Ecologistas en Acción y Toma la Palabra contra el auto del 7 de junio de 2021 del instructor, que cerró el caso al considerar que los delitos investigados habían prescrito.
Eso sí, quedaron archivados los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El, en su día, proyecto estrella de la Diputación vallisoletana se impulsó a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (SODEVA), constituida en mayo de 2004 con un Consejo de Administración presidido por Alfonso Centeno y cuyo objetivo era la dinamización económica de la provincia.
Fue a principios del año 2006 cuando SODEVA planteó abrir un centro de deportes de invierno y para ello encargó un informe al objeto de analizar las potenciales localizaciones para la realización de una pista de ski y snowboard sintética en la provincia, así como otro contrato para presentar la idea en el marco de la celebración de FITUR a celebrar en Madrid ese año.
El estudio que consta en la documentación de SODEVA tomaba como referencia la pista que se estaba ejecutando en la localidad francesa de Ville de Noeux les Mines y proponía como territorio para su construcción la localidad de Tordesillas, estimando con una inversión prevista de 5.000.000 euros que sería factible una pista de 30 metros por 20 metros para principiantes y una pista de 300 metros de longitud por 50 metros de ancho para avanzados.
El 27 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Sodeva aprobó, por unanimidad, la redacción del Proyecto Técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las obras de construcción de la estación de ski seco y demás servicios adicionales, durante dos años, en la localidad de Villavieja del Cerro, Tordesillas, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, para lo cual en abril se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro de la cesión gratuita de terrenos necesarios para su construcción y explotación.
El presupuesto superaba con creces el capital de SODEVA, “sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto”, que fue adjudicado finalmente el 12 de junio a la empresa Corsan-Corviam Construcciones S.A, que percibiría unos ingresos por el abono de gastos de obra de 4.060.267 euros y unos ingresos por dos años de la explotación de servicios de 2.257.122 euros.
Sin embargo, en lugar de comenzar los trabajos, una vez adjudicado el proyecto, a instancia del entonces presidente del Consejo de Administración de SODEVA, Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, “sin que conste informe alguno que justifique la necesidad”, a fin de construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 metros para principiantes cuyo coste se incrementó hasta los 7.498.962,74 euros.
“Los trabajos se iniciaron pero sin ajustarse al proyecto inicialmente ofertado y adjudicado, sino conforme el nuevo proyecto solicitado a la constructora, sin que ello fuera tenido en cuenta a la hora de obtener las preceptivas licencias urbanísticas y medio ambientales y sin la aprobación el Consejo de Administración de SODEVA, que no emitió voto favorable hasta el 17 de noviembre de 2006”, según recoge el escrito de la acusación pública.
Las obras, que fueron suspendidas cautelarmente en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas, se reanudaron a finales del mes de enero de 2007 y comenzaron entonces los problemas con las licencias de la obra en construcción que dieron lugar a expedientes sancionadores y finalmente a la apertura de un procedimiento judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid que derivó en la paralización cautelar de los trabajos.
Fue a primeros de 2009 cuando se dictó sentencia en el procedimiento contencioso abierto en el que se anuló la concesión de la licencia Ambiental y de Obras–la decisión se ratificó en abril de 20210–y en verano del mismo año se desestimó la autorización de uso excepcional en suelo rústico.
INCONSTITUCIONALIDAD
Para solucionar la situación, a proposición del Partido Popular, se logró que las Cortes declararan Meseta Ski como Proyecto Regional, intentando dar utilidad a las obras ejecutadas y evitar la pérdida de lo pagado, pero fue declarada su inconstitucionalidad y nulidad por el Constitucional el 7 de octubre de 2014.
En el año 2018 las obras fueron parcialmente demolidas a fin de dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid.
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