BURGOS, 28 (EUROPA PRESS)
FACUA Castilla y León ha reclamado la reapertura del centro sanitario del Silo, en la capital burgalesa, tras cinco años desde el inicio de las obras de construcción de las nuevas instalaciones.
Unos retrasos que, según recuerda el colectivo, están generando una serie de derivaciones de pacientes a otro centro de salud que ha tenido que ser ampliado con módulos prefabricados en defectuosas condiciones, por lo que instan a la Consejería de Sanidad a que culminen las obras del nuevo edificio lo antes posible.
La organización ha registrado una instancia ante la Gerencia de Salud de Área de Burgos, en la que advierte que este retraso en las obras de construcción del nuevo edificio “va en detrimento de la prestación de unos servicios sanitarios públicos accesibles y de calidad”, y afecta “a la dignidad y a la suficiencia en la atención a las necesidades de los pacientes de la zona, provocando una situación límite en el servicio de salud”.
PRESTACIONES DE CALIDAD
En este sentido, FACUA Castilla y León recuerda que la Constitución Española, en su artículo 43, establece el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la organización y tutela de la sanidad pública a través de medidas preventivas y de la prestación de servicios necesarios.
Además, advierte de que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 13, reconoce el derecho a la salud, definido como el derecho a la protección integral de la salud y encomienda a los poderes públicos velar para que este derecho sea efectivo.
La organización señala además que la Comunidad Autónoma asume también la competencia en materia de sanidad, por lo que está obligada a crear y planificar estructuras y a dotarlas de competencias, organizar recursos materiales y personales, y hacer efectivo ese derecho.
En este sentido, FACUA Castilla y León recuerda que se debe prestar un servicio de salud universal y de calidad.
La asociación subraya que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece, entre otros asuntos, “la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales”, lo que goza de principio general en el artículo 19.
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