VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El experto en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, USAL, Sergio Martín Guardado, ha asegurado que el conflicto judicial entre el Gobierno y la Junta “tiene recorrido” si el Estado “concreta y justifica” las “evidentes contradicciones” de la Junta que, a su juicio, han motivado el envío de los requerimientos.
Martín Guardado, en declaraciones a Europa Press, ha calificado de “tremenda” la “inseguridad jurídica” que han generado las “contradictorias” declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre las medidas ‘provida’ anunciadas el pasado jueves en Consejo de Gobierno.
“Lo cierto es que el Boletín Oficial de Castilla y León no contempla ningún protocolo por lo que no hay acto o disposición expresa que permita impugnar en términos concretos lo que está llevando a cabo la Junta”, ha explicado el especialista en Derecho Constitucional.
A su juicio, el Gobierno “estima” que se está vulnerando la competencia “exclusiva” que le corresponde y se basa, matiza, en el artículo “149 uno Primera de la Constitución”. Y ante esta vía de hecho que “presuntamente va a poner en práctica la Junta” ha pedido que no invada las competencias del Estado. “Es lo que ya le ha dicho de una manera formal a través del Consejo de Ministros”, ha explicado en referencia al requerimiento de incompetencia aprobado hoy.
En este punto, recuerda que el Ejecutivo central puede presentar un recurso al Tribunal Constitucional si considera “desatendido” el requerimiento, planteando un “conflicto positivo de competencias” al entender que el Estado ve “invadidas” las suyas.
Lo “grave”, en referencia a las declaraciones de García-Gallardo, es que si se somete a la mujer a la escucha del “latido fetal” supondrá, avisa, la “institucionalización de una coacción antiabortiva contraria al modo en que se debe ejercitar el derecho al aborto”. “En este sentido veo plenamente justificado que se remita un requerimiento de incompetencia”, añade el profesor de la USAL.
“Pero hay un problema”, añade, y es que para pasar a la fase de reclamar la competencia ante el TC “ni hay un acto expreso, ni una disposición concreta, ni el Bocyl ha publicado absolutamente nada, por lo que la seguridad jurídica queda afectada por completo”.
Aun así, Martínez Guardado explica que siempre queda “en favor del Ejecutivo central recurrir al 155 como medida de último recurso” si la Junta atenta contra “el interés general de España” y que se deriva en esta ocasión de la vulneración que podrían sufrir las mujeres contra su derecho a decidir. “No hay más interés de Estado, que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a lo que otorga el marco Constitucional. Si se quieren imponer coacciones antiabortivas las Autonomías no pueden hacerlo porque no tienen competencias”, zanja.
Para el experto de la USAL tras las medidas anunciadas por García-Gallardo, “endulzadas bajo un esperpéntico fomento de la natalidad”, lo que se está haciendo, insiste, es “apropiarse institucionalmente del cuerpo de las mujeres”, añade.
Y advierte de que, “a pesar de que no hay nada concreto”, el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Tendenciosa Administrativa contempla que se dirigirá un requerimiento contra “actos expresos y vías de hecho”. “Habrá que constatarlo y justificarlo, pero esta vía es plenamente operativa porque hay una contradicción evidente entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la Junta”, ha ahondado.
Aun así, avisa de que la Junta deberá contestar al requerimiento, porque si no lo hace “se puede entender que hay un incumplimiento por parte de la Comunidad Autonóma del ordenamiento jurídico y de la distribución competencial”.
Martín Guardado añade que si se constata que en los hospitales hay “coacciones a las mujeres o a los profesionales” aunque no haya protocolos por escrito, el Gobierno podría aplicar “todos los mecanismos a su alcance”, por lo que, de momento, cree que “recorrido, hay”. “El Estado autonómico tiene una vicisitud concreta que es la superioridad del Gobierno central para defender las competencias exclusivas que le corresponden al Estado. Pero habrá que concretarlo”, insiste.
Al hilo de estas palabras, insiste en que el Gobierno tendrá que justificar porque entiende que se está “incumpliendo” estos derechos fundamentales de la mujer, algo que extiende a la Junta “ante las sospechas” del Ejecutivo central debe ser “claro”.
Para el experto, si la inseguridad jurídica viene de las palabras García-Gallardo, el presidente Mañueco tiene una “vía rápida” para solucionarlo, “cesar al vicepresidente o acabar con el Gobierno de coalición”.
“No quiero dejar de señalar algo que me parece importante y es la creciente polarización, no solo instituciones, también de los derechos de las personas y eso no trae nada bueno. Aquí está en juego la preservación del orden constitucional”, que a su juicio, se ve alterada por el apoyo de partidos tradicionales “en populistas y extremistas”.
De ahí que concluya haciendo un llamamiento. “Deberían pensar que cualquier acción política debe perseguir el bienestar de la persona antes que pensar en el rédito político. Todos llegamos a acuerdos aunque no nos gusten para hacer nuestra vida más llevadera”, ha finalizado.
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