La Junta ha presentado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía
VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha anunciado este martes que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Castilla y León por la “inacción” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no convocar la Conferencia de Presidentes.
Este recurso se presentó el pasado 25 de julio después de que hayan pasado más de dos años desde que se convocara la última Conferencia de Presidentes y pese a la petición de esta reunión por parte de más de diez autonomías, lo que, según el reglamento de este encuentro, obligaría Sánchez a convocarlo.
El consejero ha detallado que el Supremo ha admitido el recurso de la Comunidad el pasado 6 de septiembre y ha incidido en la necesidad de abordar en este encuentro, entre otros asuntos, la Ley de Amnistía, el sistema de financiación, la condonación de la deuda y la carencia de médicos.
Por otra parte, González Gago ha detallado que a primera hora de la mañana de este martes el Ejecutivo regional ha presentado el recurso de inconsticucionalidad contra la Ley de Amnistía, algo que ha avanzado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a través de la red social ‘X’.
González Gago ha explicado este avance judicial antes de presidir el Consejo de Cooperación Local y ha señalado que el recurso de inconstitucionalidad que hoy ya se ha hecho efectivo subraya que existen “privilegios de unos ciudadanos frente a otros en el Estado Español”.
Finalmente, el consejero ha asegurado también que el Ejecutivo recurrirá el ‘concierto catalán’ si éste sigue adelante y se materializa. “Esta Comunidad planteará todos los recursos que tenga en su mano para defender los derechos e intereses de los castellanos y leoneses”, ha manifestado.
“Quiero que quede claro es que desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir defendiendo los derechos e intereses de los castellanos y leoneses en todos los ámbitos en que sea necesario para garantizar el principio de igualdad y el cumplimiento del Estado de Derecho”, ha zanjado el consejero.
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