VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León por el que se aprobó la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL).
Según ha informado Ecologistas en Acción, el Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Gobierno autonómico y a través de una providencia con fecha de 5 de marzo confirma y hace firme la sentencia del TSJCyL de 29 de febrero de 2024 que determinó la revisión ilegal del Plan Regional de Residuos por saltarse la participación pública.
Ecologistas ha explicado que la sentencia pone de manifiesto que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León ha obviado la “obligada” información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la FRMP a lo que añade que ha omitido la preceptiva evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos.
Las mismas fuentes han recordado que esa actualización revisó el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación “del obsoleto” Plan Regional de Residuos vigente desde 2016, que fue aprobado por Decreto 11/2014 de 20 de marzo y cuya ejecución “está resultando un fracaso” por el aumento en la generación de residuos de todo tipo y por las bajas tasas de recuperación y reciclado en Castilla y León.
Este colectivo señala que la sentencia concluye “de manera contundente” que se trata de una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española, dada la amplitud y alcance de los cambios introducidos en el Plan Integral de Residuos.
“Queda así acreditado que el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se saltaron a las bravas la Constitución y las normas básicas para elaborar las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas en este caso las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León”, ha concluido Ecologistas que ha reclamado un nuevo Plan Regional de Residuos adaptado a la normativa vigente.
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